MEDIDAS ANTE LA 'OPERACIÓN RETORNO'
El Gobierno está elaborando un plan para paliar las consecuencias de la huelga de empresas de auxilio en carretera. Este plan prevé la posibilidad de utilizar grúas de bomberos y de los ayuntamientos para la retirada de vehículos, anunciaron fuentes del Ejecutivo.
La preparación de este plan, que prevé utilizar todos los recursos de las administraciones central, autonómicas y locales, está siendo coordinada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien mantuvo este miércoles conversaciones con representantes de los Ministerios de Fomento, Interior, Economía y Administraciones Públicas.
Las fuentes del Ejecutivo explicaron que el objetivo de este plan, que estará concluido previsiblemente el jueves, es que de persistir en los próximos días la huelga de grúas que se mantiene en ocho comunidades autónomas, el paro tenga la menor incidencia posible en la operación retorno de las vacaciones del mes de agosto.
Según anunció la Dirección General de Tráfico entre las medidas que se manejan figura la retirada de todos los vehículos que se queden detenidos por accidente o avería sean retirados fuera de la calzada, una operación a la que se han comprometido las empresas de auxilio en carretera.
Ocho mil agentes de la Guardia Civil de Tráfico han recibido instrucciones para redoblar los esfuerzos de cara a la operación retorno de las vacaciones, y así garantizar la seguridad y señalizar los puntos que puedan convertirse en un riesgo debido al conflicto que mantienen las aseguradoras y las grúas.
El Abogado del Estado desaconsejó este miércoles que el Ejército intervenga en la retirada de vehículos que se encuentran averiados o accidentados en las carreteras del País Vasco porque no constituye un "grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe", ni se trata de una situación "manifiestamente excepcional".
Seguimiento masivo
Esta situación ha sido provocada por el paro de grúas en el País Vasco y Asturias, y que desde la medianoche del miércoles se ha extendido a Madrid, Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla y León y a la Comunidad Valenciana, así como a las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. En todas ellas se siguió el paro de forma masiva.
Las empresas de grúas de Navarra, Extremadura, Galicia y la provincia de Jaén se han sumado esta medianoche al paro.
Los empresarios de grúas de atención en carretera de Cantabria, que habían aplazado hasta la tarde de este miércoles la decisión de adherirse o no al paro técnico, han decidido finalmente no secundarlo.
Los gruistas del resto de Andalucía, Murcia y Galicia estudian sumarse al paro. Los de la provincia de Málaga han aplazado su decisión hasta el próximo viernes.
Los representantes de las empresas de auxilio en carretera han cumplido así su amenaza de que el sector dejará de prestar todo tipo de servicios si las compañías aseguradoras no suben de forma inmediata sus tarifas hasta una banda mínima de entre 44 y 46 euros, desde los 25 que afirman cobrar actualmente.
Por su parte, las compañías aseguradoras, representadas por la patronal Unespa, han aguantado el pulso y exigen negociar de forma individual estos precios con sus proveedores.
Los empresarios de grúas han solicitado la intermediación del Ministerio del Interior para solucionar el conflicto.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguró que la Administración está en contacto con las partes implicadas en la huelga de grúas -"presionando, en el buen sentido de la palabra,"- para que alcancen un acuerdo entre ellas.
La preparación de este plan, que prevé utilizar todos los recursos de las administraciones central, autonómicas y locales, está siendo coordinada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien mantuvo este miércoles conversaciones con representantes de los Ministerios de Fomento, Interior, Economía y Administraciones Públicas.
Las fuentes del Ejecutivo explicaron que el objetivo de este plan, que estará concluido previsiblemente el jueves, es que de persistir en los próximos días la huelga de grúas que se mantiene en ocho comunidades autónomas, el paro tenga la menor incidencia posible en la operación retorno de las vacaciones del mes de agosto.
Según anunció la Dirección General de Tráfico entre las medidas que se manejan figura la retirada de todos los vehículos que se queden detenidos por accidente o avería sean retirados fuera de la calzada, una operación a la que se han comprometido las empresas de auxilio en carretera.
Ocho mil agentes de la Guardia Civil de Tráfico han recibido instrucciones para redoblar los esfuerzos de cara a la operación retorno de las vacaciones, y así garantizar la seguridad y señalizar los puntos que puedan convertirse en un riesgo debido al conflicto que mantienen las aseguradoras y las grúas.
El Abogado del Estado desaconsejó este miércoles que el Ejército intervenga en la retirada de vehículos que se encuentran averiados o accidentados en las carreteras del País Vasco porque no constituye un "grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe", ni se trata de una situación "manifiestamente excepcional".
Seguimiento masivo
Esta situación ha sido provocada por el paro de grúas en el País Vasco y Asturias, y que desde la medianoche del miércoles se ha extendido a Madrid, Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla y León y a la Comunidad Valenciana, así como a las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. En todas ellas se siguió el paro de forma masiva.
Las empresas de grúas de Navarra, Extremadura, Galicia y la provincia de Jaén se han sumado esta medianoche al paro.
Los empresarios de grúas de atención en carretera de Cantabria, que habían aplazado hasta la tarde de este miércoles la decisión de adherirse o no al paro técnico, han decidido finalmente no secundarlo.
Los gruistas del resto de Andalucía, Murcia y Galicia estudian sumarse al paro. Los de la provincia de Málaga han aplazado su decisión hasta el próximo viernes.
Los representantes de las empresas de auxilio en carretera han cumplido así su amenaza de que el sector dejará de prestar todo tipo de servicios si las compañías aseguradoras no suben de forma inmediata sus tarifas hasta una banda mínima de entre 44 y 46 euros, desde los 25 que afirman cobrar actualmente.
Por su parte, las compañías aseguradoras, representadas por la patronal Unespa, han aguantado el pulso y exigen negociar de forma individual estos precios con sus proveedores.
Los empresarios de grúas han solicitado la intermediación del Ministerio del Interior para solucionar el conflicto.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, aseguró que la Administración está en contacto con las partes implicadas en la huelga de grúas -"presionando, en el buen sentido de la palabra,"- para que alcancen un acuerdo entre ellas.
0 comentarios