Reducción al absurdo
Muchas veces es aconsejable darse una vuelta por el callejón del Gato, pararse frente a los espejos deformantes que inmortalizó Valle Inclán en Luces de Bohemia y constatar qué es el esperpento. Sólo así puede vislumbrarse otra parte de la realidad. Conviene, en fin, aplicar el reflejo de los espejos cóncavos sobre la coyuntura actual para tratar de comprender algo (si es que se puede) y obtener una visión diferente de lo que muchos -llámese ministerio de cultura o SGAE- nos quieren vender.
Muchos medios de comunicación han advertido de que, a partir del próximo 1 de octubre, la posesión de programas que permitan eliminar los sistemas de protección de los CD y DVD supondrá infringir la ley. Así lo deja caer la reforma del artículo 270 del Código Penal. Pero es imposible aprobar tamaño dislate.
Apliquemos el espejo. Según algunas lecturas que se han hecho de la nueva reforma, no podremos realizar una copia de cualquier disco que compremos o del DVD que nos viene de regalo con el periódico. A partir del 1 de octubre estará prohibido. Entonces no se alcanza entender por qué todos los usuarios, sin excepción, están obligados a pagar un canon sobre los CDs y DVDs impuesto, precisamente, para abonar las posibles pérdidas que genera la copia de material protegido con los derechos de autor. Aquí hay algo que no casa: es como que si aplica un impuesto sobre la gasolina al tiempo que se prohíbe circular en coche.
La reforma del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), según dicha lectura, sería peligrosa porque criminalizaría no sólo a millones de personas, sino a multitud de empresas. Porque, de entrada, estipula que programas como Nero son ilegales. Es decir, que la firma Ahead Software AG desarrollan programas que atentan contra la legalidad. Si se vuelve a aplicar el espejo cóncavo se llega a conclusiones más desasosegantes: cualquier tienda en la que se venda este tipo de programas incumple la legalidad. O está cometiendo un delito, como se prefiera decir. En este grupo están, claro, El Corte Inglés, la Fnac o MediaMarkt. Una locura, vaya.
No es cierto, por tanto, que copiar CD o DVD en España vaya a ser ilegal. Lo será sólo si dichos actos se producen "con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero". Lo mismo sucede con las denostadas P2P: siempre y cuando el usuario no trate de sacarse unos euros, seguirán siendo legales.
El problema es que, ante la errónea interpretación de la ley, la SGAE y sus secuaces callan porque le conviene. Una mentira repetida muchas veces acaba siendo una verdad, y eso es lo que ayuda a fomentar la entidad presidida por el ínclito Teddy Bautista. Una verdad a medias es una mentira. Y en ello incurre la campaña "Ahora la ley actúa". En los carteles que inundan las marquesinas de los autobuses puede leerse: "La difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado incluso con la cárcel", lo cual, queda dicho, es mentira. Tendría que haberse añadido "siempre que se lleve a cabo con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero". No será porque no hay espacio para ponerlo.
Muchos medios de comunicación han advertido de que, a partir del próximo 1 de octubre, la posesión de programas que permitan eliminar los sistemas de protección de los CD y DVD supondrá infringir la ley. Así lo deja caer la reforma del artículo 270 del Código Penal. Pero es imposible aprobar tamaño dislate.
Apliquemos el espejo. Según algunas lecturas que se han hecho de la nueva reforma, no podremos realizar una copia de cualquier disco que compremos o del DVD que nos viene de regalo con el periódico. A partir del 1 de octubre estará prohibido. Entonces no se alcanza entender por qué todos los usuarios, sin excepción, están obligados a pagar un canon sobre los CDs y DVDs impuesto, precisamente, para abonar las posibles pérdidas que genera la copia de material protegido con los derechos de autor. Aquí hay algo que no casa: es como que si aplica un impuesto sobre la gasolina al tiempo que se prohíbe circular en coche.
La reforma del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), según dicha lectura, sería peligrosa porque criminalizaría no sólo a millones de personas, sino a multitud de empresas. Porque, de entrada, estipula que programas como Nero son ilegales. Es decir, que la firma Ahead Software AG desarrollan programas que atentan contra la legalidad. Si se vuelve a aplicar el espejo cóncavo se llega a conclusiones más desasosegantes: cualquier tienda en la que se venda este tipo de programas incumple la legalidad. O está cometiendo un delito, como se prefiera decir. En este grupo están, claro, El Corte Inglés, la Fnac o MediaMarkt. Una locura, vaya.
No es cierto, por tanto, que copiar CD o DVD en España vaya a ser ilegal. Lo será sólo si dichos actos se producen "con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero". Lo mismo sucede con las denostadas P2P: siempre y cuando el usuario no trate de sacarse unos euros, seguirán siendo legales.
El problema es que, ante la errónea interpretación de la ley, la SGAE y sus secuaces callan porque le conviene. Una mentira repetida muchas veces acaba siendo una verdad, y eso es lo que ayuda a fomentar la entidad presidida por el ínclito Teddy Bautista. Una verdad a medias es una mentira. Y en ello incurre la campaña "Ahora la ley actúa". En los carteles que inundan las marquesinas de los autobuses puede leerse: "La difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado incluso con la cárcel", lo cual, queda dicho, es mentira. Tendría que haberse añadido "siempre que se lleve a cabo con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero". No será porque no hay espacio para ponerlo.
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