Amparo Valcarce defiende la universalidad de la futura Ley de Dependencia
El futuro Sistema Nacional de Dependencia será de prestación universal e independiente de los recursos económicos de las personas dependientes. Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, durante su comparecencia en la comisión no permanente del Pacto de Toledo.
Lo que aún queda por concretar es cuál será el modelo de financiación a aplicar, aunque Valcerce aboga por tomar como referencia el existente en países como Austria, Alemania y Luxemburgo, basado en un sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. No obstante, es previsible que se adopte una fórmula mixta que compatibilice estas aportaciones con otras procedentes de impuestos, y en la que intervengan todas las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Municipal). Asimismo, no se descarta que una parte del pago del servicio deba ser asumido por las propias familias.
Para Valcarce, establecer un sistema contributivo a través de la Seguridad Social (equiparando la dependencia a prestaciones como la sanitaria, el desempleo o las pensiones) aseguraría una mejor cobertura y un amplio margen de elección a la persona dependiente y su familia, al tiempo que conseguiría una financiación suficiente y estable.
El Gobierno se ha comprometido a tener elaborado el Libro Blanco sobre Dependencia antes de que finalice este año, para que pueda ser un referente en el debate social y político sobre esta materia, y si se cumplen las previsiones, el proyecto de ley para atención a la dependencia será llevado al Congreso de los Diputados antes del mes de julio de 2005.
En España residen más de 1,7 millones de personas dependientes -de las cuales 902.515 presenta una dependencia severa y grave-, y el 85% del total es atendido por sus propias familias, principalmente por mujeres que en muchos casos han tenido que dejar sus empleos para asumir esta tarea.
Tan sólo un 2% de las personas con dependencia recibe atención domiciliaria, un 1% es cuidado por empleados, un 0,8% tiene cobertura de servicios residenciales y otro 0,8% reside en viviendas tuteladas. De ahí que, según Valcarce, el 40% de estas familias reclame más servicios de ayuda a domicilio, a lo que se suma un 32% que demanda ayudas económicas en forma de un salario mensual para el cuidador.
Para que el Sistema Nacional de Dependencia se ponga en marcha será necesario establecer unos niveles o baremos de dependencia, en función de los cuales se determinarán las prestaciones (atención domiciliaria, ayudas técnicas, teleasistencia, centros de día, residencias) que recibirán los beneficiarios, y que estarán previamente fijadas en un catálogo de servicios básicos.
Una vez se elabore la esperada Ley de Dependencia se articulará un fondo destinado a cubrir sus necesidades (similar al fondo de pensiones). No obstante, mientras llega ese momento, Valcarce ha anunciado que ya está previsto que los Presupuestos de 2005 contemplen ciertos incrementos en determinadas partidas relacionadas con esta materia, como la destinada al Imserso, que aumentará un 7%.
Lo que aún queda por concretar es cuál será el modelo de financiación a aplicar, aunque Valcerce aboga por tomar como referencia el existente en países como Austria, Alemania y Luxemburgo, basado en un sistema de cotizaciones a la Seguridad Social. No obstante, es previsible que se adopte una fórmula mixta que compatibilice estas aportaciones con otras procedentes de impuestos, y en la que intervengan todas las Administraciones Públicas (Central, Autonómica y Municipal). Asimismo, no se descarta que una parte del pago del servicio deba ser asumido por las propias familias.
Para Valcarce, establecer un sistema contributivo a través de la Seguridad Social (equiparando la dependencia a prestaciones como la sanitaria, el desempleo o las pensiones) aseguraría una mejor cobertura y un amplio margen de elección a la persona dependiente y su familia, al tiempo que conseguiría una financiación suficiente y estable.
El Gobierno se ha comprometido a tener elaborado el Libro Blanco sobre Dependencia antes de que finalice este año, para que pueda ser un referente en el debate social y político sobre esta materia, y si se cumplen las previsiones, el proyecto de ley para atención a la dependencia será llevado al Congreso de los Diputados antes del mes de julio de 2005.
En España residen más de 1,7 millones de personas dependientes -de las cuales 902.515 presenta una dependencia severa y grave-, y el 85% del total es atendido por sus propias familias, principalmente por mujeres que en muchos casos han tenido que dejar sus empleos para asumir esta tarea.
Tan sólo un 2% de las personas con dependencia recibe atención domiciliaria, un 1% es cuidado por empleados, un 0,8% tiene cobertura de servicios residenciales y otro 0,8% reside en viviendas tuteladas. De ahí que, según Valcarce, el 40% de estas familias reclame más servicios de ayuda a domicilio, a lo que se suma un 32% que demanda ayudas económicas en forma de un salario mensual para el cuidador.
Para que el Sistema Nacional de Dependencia se ponga en marcha será necesario establecer unos niveles o baremos de dependencia, en función de los cuales se determinarán las prestaciones (atención domiciliaria, ayudas técnicas, teleasistencia, centros de día, residencias) que recibirán los beneficiarios, y que estarán previamente fijadas en un catálogo de servicios básicos.
Una vez se elabore la esperada Ley de Dependencia se articulará un fondo destinado a cubrir sus necesidades (similar al fondo de pensiones). No obstante, mientras llega ese momento, Valcarce ha anunciado que ya está previsto que los Presupuestos de 2005 contemplen ciertos incrementos en determinadas partidas relacionadas con esta materia, como la destinada al Imserso, que aumentará un 7%.
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