El Gobierno aprueba el decreto que permitirá investigar con células madre embrionarias
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que establece las condiciones para que los embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida puedan ser utilizados en investigación y permite a los progenitores donarlos a la ciencia mediante un consentimiento informado.
Este decreto, que desarrolla la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que ya recibió a principios de este mes el visto bueno del Consejo de Estado, contempla también los mecanismos para que los científicos puedan solicitar autorización a sus proyectos de investigación.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado que "no es ético poner obstáculos a los científicos que investigan para mejorar ciertas enfermedades".
Según explicó recientemente la propia ministra de Sanidad, Elena Salgado, el texto "abre las vías a la investigación con las debidas garantías, el informe previo y la autorización de los progenitores", que deberán renunciar a los beneficios económicos que puedan resultar de los trabajos o bien de las posibles patentes.
La aprobación de este Real Decreto se enmarca en la línea de fomento de la investigación, en particular en el campo de la biomedicina, que el Gobierno cita como una de sus prioridades desde su llegada al poder, y persigue superar el actual marco legal, "muy restrictivo" a juicio de Salgado.
Un organismo central será el encargado de autorizar los ensayos, caso por caso, y siempre con todos los controles necesarios.
Eliminar trabas burocráticas
Por su parte, el director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Francisco Gracia, considera que la aprobación de este documento permitirá "eliminar ciertas trabas burocráticas" para poder usar embriones que lleven congelados en clínicas de reproducción asistida más de cinco años y cuya implantación en el útero de una mujer es inviable.
Así, según explicó esta semana, aunque la actual normativa de reproducción asistida permite investigar con embriones de más de cinco años, "existen ciertas trabas burocráticas para poder obtener el permiso".
Gracia explicó que el decreto pretende "facilitar la obtención de la autorización por parte de los progenitores" y añadió que este tipo de investigaciones estarán coordinadas por el Instituto de Salud Carlos III.
Otra de las novedades que establece el nuevo marco lesgislativo se refiere al número de ovocitos que pueden implantarse en cada ciclo durante los procesos de fecundación asistida, limitado hasta ahora a tres.
El Gobierno ha establecido 25 supuestos de excepción que permiten ampliar esta cifra, entre los que destacan ciertos trastornos masculinos severos en los que el semen tenga una calidad muy baja o bien en aquellas mujeres con fallo o inicio de fallo ovárico y deficiencias en el ciclo hormonal, así como en aquellos que requieran un diagnóstico preimplantacional porque los progenitores padezcan trastornos genéticos previos.
Paralelamente, el Gobierno está trabajando en un proyecto de Ley de Investigación Biomédica que se encargará de "fijar los límites éticos sobre la investigación con células madre" y proteger la intimidad de la información genética.
Sanidad espera que el Consejo de Ministros apruebe este proyecto de Ley antes del verano, en la que se contemplará además la posibilidad de abrir los casos de diagnóstico preimplantacional a aquellas familias que necesitan tener hijo para que pueda convertirse en potencial donante de sus hermanos enfermos.
Este decreto, que desarrolla la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que ya recibió a principios de este mes el visto bueno del Consejo de Estado, contempla también los mecanismos para que los científicos puedan solicitar autorización a sus proyectos de investigación.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha declarado que "no es ético poner obstáculos a los científicos que investigan para mejorar ciertas enfermedades".
Según explicó recientemente la propia ministra de Sanidad, Elena Salgado, el texto "abre las vías a la investigación con las debidas garantías, el informe previo y la autorización de los progenitores", que deberán renunciar a los beneficios económicos que puedan resultar de los trabajos o bien de las posibles patentes.
La aprobación de este Real Decreto se enmarca en la línea de fomento de la investigación, en particular en el campo de la biomedicina, que el Gobierno cita como una de sus prioridades desde su llegada al poder, y persigue superar el actual marco legal, "muy restrictivo" a juicio de Salgado.
Un organismo central será el encargado de autorizar los ensayos, caso por caso, y siempre con todos los controles necesarios.
Eliminar trabas burocráticas
Por su parte, el director del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Francisco Gracia, considera que la aprobación de este documento permitirá "eliminar ciertas trabas burocráticas" para poder usar embriones que lleven congelados en clínicas de reproducción asistida más de cinco años y cuya implantación en el útero de una mujer es inviable.
Así, según explicó esta semana, aunque la actual normativa de reproducción asistida permite investigar con embriones de más de cinco años, "existen ciertas trabas burocráticas para poder obtener el permiso".
Gracia explicó que el decreto pretende "facilitar la obtención de la autorización por parte de los progenitores" y añadió que este tipo de investigaciones estarán coordinadas por el Instituto de Salud Carlos III.
Otra de las novedades que establece el nuevo marco lesgislativo se refiere al número de ovocitos que pueden implantarse en cada ciclo durante los procesos de fecundación asistida, limitado hasta ahora a tres.
El Gobierno ha establecido 25 supuestos de excepción que permiten ampliar esta cifra, entre los que destacan ciertos trastornos masculinos severos en los que el semen tenga una calidad muy baja o bien en aquellas mujeres con fallo o inicio de fallo ovárico y deficiencias en el ciclo hormonal, así como en aquellos que requieran un diagnóstico preimplantacional porque los progenitores padezcan trastornos genéticos previos.
Paralelamente, el Gobierno está trabajando en un proyecto de Ley de Investigación Biomédica que se encargará de "fijar los límites éticos sobre la investigación con células madre" y proteger la intimidad de la información genética.
Sanidad espera que el Consejo de Ministros apruebe este proyecto de Ley antes del verano, en la que se contemplará además la posibilidad de abrir los casos de diagnóstico preimplantacional a aquellas familias que necesitan tener hijo para que pueda convertirse en potencial donante de sus hermanos enfermos.
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