Las 'telecos' tiemblan ante el coste de la retención de datos obligatoria
La Unión Europea, con Londres a la cabeza, quiere imponer la retención obligatoria y durante un año como mínimo de los datos electrónicos ligados a llamadas telefónicas, mensajes de móvil, correos electrónicos o navegación por internet. Origen, destino, hora, fecha y lugar de cualquier comunicación deberá ser almacenada por las operadoras, así como la identidad del comunicante y el tipo de aparato utilizado.
ETNO, la organización que representa a las grandes operadoras (Telefónica, BT, France Telecom, Deutsche Telekom, entre muchas otras), se muestra 'seriamente preocupada por la propuesta' y señala con inquietud que el proyecto 'no sólo guarda silencio sobre los costes aparejados sino que tampoco menciona ningún mecanismo de reembolso'.
Las compañías temen el impacto financiero de una medida tan indiscriminada y abogan por una retención de plazo más corto y por la preservación selectiva, como ocurre ahora, de los datos de las personas o grupos que las autoridades estén investigando.
La queja del sector ha encontrado eco en el Parlamento Europeo, donde el ponente sobre la propuesta, el liberal alemán Alexander Alvaro, cifra 'en 180 millones de euros el coste para los operadores tradicionales de cumplir con la medida, más unos 50 millones anuales en costes operativos'. ETNO atribuye esa descomunal factura 'a los ajustes necesarios en software, servidores y seguridad'.
Pero los ministros de Justicia e Interior de la UE han hecho caso omiso de estos lamentos. Y el pasado miércoles, en una reunión extraordinaria celebrada como respuesta a los atentados de Londres, alcanzaron un compromiso político para impulsar la armonización de los períodos de retención obligatoria que se aplican actualmente en la UE.
Las compañías abogan por una retención de plazo más corto y por la preservación selectiva de los datos de las personas o grupos que las autoridades estén investigando
El Reino Unido, que ocupa este semestre la presidencia de la Unión, quiere un período mínimo de retención de 12 meses, ampliable en ciertos casos hasta 36. La resistencia de varios países, en especial Alemania y Finlandia, puede acabar obligando a admitir ciertas excepciones para fijar un plazo de sólo seis meses.
Londres niega que el coste de la medida sea tan elevado como anuncia el sector y ha hablado de compensaciones públicas de sólo 30 millones de euros para toda la industria en el Reino Unido. La diferencia en las estimaciones, según algunos especialistas, estriba en las variables que se utilizan para hacer los cálculos.
El Gobierno británico parece computar sólo el coste del almacenamiento de datos, mientras que las compañías suman también la tecnología y mano de obra necesaria para clasificarlos y encontrarlos cuando las autoridades los reclamen.
Como quiera que sea, las compañías no pueden esperar mucha compasión por parte del Gobierno británico. 'Si es cuestión de dinero (...) los proveedores de internet y los operadores de móvil no son conocidos como las empresas más pobres del planeta', despachó las críticas el ministro británico de Exteriores, Jack Straw, durante su intervención el pasado martes en el Parlamento Europeo.
Polémica: La enorme diferencia entre tres y doce meses
La Unión Europea aprobó en 2002 su última directiva sobre la protección de datos en las comunicaciones electrónicas. Esa ley autoriza a los Estados miembros a retener, de manera excepcional y proporcionada al objetivo, ciertos datos que favorezcan la lucha contra el crimen. Los Gobiernos, sin embargo, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un período mínimo de retención.
Reino Unido, con el apoyo de Francia, Suecia e Irlanda, quiere ahora fijar una retención mínima de 12 meses. Fuentes comunitarias intentan tranquilizar al sector de las telecomunicaciones con la precisión de que 'es una retención media, y no hará falta que todos los datos se conserven el mismo tiempo'. Las mismas fuentes señalan que el acuerdo final girará en torno a los seis mees.
La propia documentación presentada Londres para avalar su propuesta reconoce que la inmensa mayoría de las solicitudes policiales o judiciales de datos se refieren a comunicaciones realizadas en los seis meses anteriores a la fecha de la petición.
Algunas compañías telefónicas creen que basta con una conservación de tres meses, porque ese es normalmente el plazo que verifican las autoridades cuando escrutan las comunicaciones de alguna persona investigada.
Las autoridades reclaman con cierta frecuencia los datos conservados. Según EDRI, un boletín electrónico sobre derechos digitales en Europa, Deutsche Telekom recibe unas 10.000 solicitudes anuales, de acuerdo con los datos facilitados por la operadora alemana en un reciente consulta organizada por la Comisión Europea. Telefónica dijo recibir 600 solicitudes mensuales en telefonía fija y 1.500, en móvil.
Negocio para empresas de búsqueda y almacenamiento
La conservación de los datos vinculados a todas las comunicaciones (llamadas, correos, SMS) obligará a las empresas del sector a un enorme esfuerzo logístico. Los operadores de telefonía calculan que el almacenaje de los datos previstos en la nueva normativa requerirá una memoria equivalente a ocho terabytes, es decir, ocho millones de megabytes. Esa capacidad no es nada comparada con la que puede necesitar un proveedor de internet: alrededor de 30.000 terabytes, según el sector, si se conservan todos los datos del tráfico internauta, y hasta 1.000 terabytes si sólo se guardan los relativos a correo electrónico, voz a través de internet y servidores de páginas web.
Carlos Jiménez, presidente de la empresa de seguridad informática Secuware, señala que 'en estos momentos se puede alcanzar una gran capacidad de almacenamiento con muy poca inversión'. El precio de un disco duro con una memoria de un terabyte puede ser de 180 euros. Jiménez, firme partidario de la propuesta de retención, tampoco cree que el rastreo de esos datos plantee un problema irresoluble. 'La tecnología ha avanzado muchísimo y permite buscar datos rápidamente en volúmenes aún mayores'.
Los servidores de internet ven la medida desproporcionada
Los servidores de internet pueden ser los más golpeados por la propuesta comunitaria de retener todos los datos electrónicos por un plazo mínimo de un año. Incluso un gigante como AOL expresó su inquietud sobre el impacto financiero de la medida cuando Londres comenzó hace dos años a plantearla.
London Internet Exchange, una organización que agrupa a proveedores de internet británicos, considera también que 'la medida no es proporcional a los beneficios judiciales que se persiguen'.
'El fin no justifica los medios', coincide el europarlamentario liberal Alexander Alvaro. Su informe sobre la propuesta señala que las personas vinculadas a organizaciones criminales o terroristas podrán fácilmente esquivar el rastreo virtual de las autoridades. 'Pueden cambiar de dirección de correo electrónico o, simplemente, utilizar proveedores de Internet de fuera de la UE que no estén sujetos a la retención de datos'.
Los proveedores temen que se les obligue a guardar datos que ellos no necesitan para nada y advierten que el coste lo acabará pagando el internauta. 'La retención es un impuesto oculto a los usuarios de internet'.
ETNO, la organización que representa a las grandes operadoras (Telefónica, BT, France Telecom, Deutsche Telekom, entre muchas otras), se muestra 'seriamente preocupada por la propuesta' y señala con inquietud que el proyecto 'no sólo guarda silencio sobre los costes aparejados sino que tampoco menciona ningún mecanismo de reembolso'.
Las compañías temen el impacto financiero de una medida tan indiscriminada y abogan por una retención de plazo más corto y por la preservación selectiva, como ocurre ahora, de los datos de las personas o grupos que las autoridades estén investigando.
La queja del sector ha encontrado eco en el Parlamento Europeo, donde el ponente sobre la propuesta, el liberal alemán Alexander Alvaro, cifra 'en 180 millones de euros el coste para los operadores tradicionales de cumplir con la medida, más unos 50 millones anuales en costes operativos'. ETNO atribuye esa descomunal factura 'a los ajustes necesarios en software, servidores y seguridad'.
Pero los ministros de Justicia e Interior de la UE han hecho caso omiso de estos lamentos. Y el pasado miércoles, en una reunión extraordinaria celebrada como respuesta a los atentados de Londres, alcanzaron un compromiso político para impulsar la armonización de los períodos de retención obligatoria que se aplican actualmente en la UE.
Las compañías abogan por una retención de plazo más corto y por la preservación selectiva de los datos de las personas o grupos que las autoridades estén investigando
El Reino Unido, que ocupa este semestre la presidencia de la Unión, quiere un período mínimo de retención de 12 meses, ampliable en ciertos casos hasta 36. La resistencia de varios países, en especial Alemania y Finlandia, puede acabar obligando a admitir ciertas excepciones para fijar un plazo de sólo seis meses.
Londres niega que el coste de la medida sea tan elevado como anuncia el sector y ha hablado de compensaciones públicas de sólo 30 millones de euros para toda la industria en el Reino Unido. La diferencia en las estimaciones, según algunos especialistas, estriba en las variables que se utilizan para hacer los cálculos.
El Gobierno británico parece computar sólo el coste del almacenamiento de datos, mientras que las compañías suman también la tecnología y mano de obra necesaria para clasificarlos y encontrarlos cuando las autoridades los reclamen.
Como quiera que sea, las compañías no pueden esperar mucha compasión por parte del Gobierno británico. 'Si es cuestión de dinero (...) los proveedores de internet y los operadores de móvil no son conocidos como las empresas más pobres del planeta', despachó las críticas el ministro británico de Exteriores, Jack Straw, durante su intervención el pasado martes en el Parlamento Europeo.
Polémica: La enorme diferencia entre tres y doce meses
La Unión Europea aprobó en 2002 su última directiva sobre la protección de datos en las comunicaciones electrónicas. Esa ley autoriza a los Estados miembros a retener, de manera excepcional y proporcionada al objetivo, ciertos datos que favorezcan la lucha contra el crimen. Los Gobiernos, sin embargo, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en un período mínimo de retención.
Reino Unido, con el apoyo de Francia, Suecia e Irlanda, quiere ahora fijar una retención mínima de 12 meses. Fuentes comunitarias intentan tranquilizar al sector de las telecomunicaciones con la precisión de que 'es una retención media, y no hará falta que todos los datos se conserven el mismo tiempo'. Las mismas fuentes señalan que el acuerdo final girará en torno a los seis mees.
La propia documentación presentada Londres para avalar su propuesta reconoce que la inmensa mayoría de las solicitudes policiales o judiciales de datos se refieren a comunicaciones realizadas en los seis meses anteriores a la fecha de la petición.
Algunas compañías telefónicas creen que basta con una conservación de tres meses, porque ese es normalmente el plazo que verifican las autoridades cuando escrutan las comunicaciones de alguna persona investigada.
Las autoridades reclaman con cierta frecuencia los datos conservados. Según EDRI, un boletín electrónico sobre derechos digitales en Europa, Deutsche Telekom recibe unas 10.000 solicitudes anuales, de acuerdo con los datos facilitados por la operadora alemana en un reciente consulta organizada por la Comisión Europea. Telefónica dijo recibir 600 solicitudes mensuales en telefonía fija y 1.500, en móvil.
Negocio para empresas de búsqueda y almacenamiento
La conservación de los datos vinculados a todas las comunicaciones (llamadas, correos, SMS) obligará a las empresas del sector a un enorme esfuerzo logístico. Los operadores de telefonía calculan que el almacenaje de los datos previstos en la nueva normativa requerirá una memoria equivalente a ocho terabytes, es decir, ocho millones de megabytes. Esa capacidad no es nada comparada con la que puede necesitar un proveedor de internet: alrededor de 30.000 terabytes, según el sector, si se conservan todos los datos del tráfico internauta, y hasta 1.000 terabytes si sólo se guardan los relativos a correo electrónico, voz a través de internet y servidores de páginas web.
Carlos Jiménez, presidente de la empresa de seguridad informática Secuware, señala que 'en estos momentos se puede alcanzar una gran capacidad de almacenamiento con muy poca inversión'. El precio de un disco duro con una memoria de un terabyte puede ser de 180 euros. Jiménez, firme partidario de la propuesta de retención, tampoco cree que el rastreo de esos datos plantee un problema irresoluble. 'La tecnología ha avanzado muchísimo y permite buscar datos rápidamente en volúmenes aún mayores'.
Los servidores de internet ven la medida desproporcionada
Los servidores de internet pueden ser los más golpeados por la propuesta comunitaria de retener todos los datos electrónicos por un plazo mínimo de un año. Incluso un gigante como AOL expresó su inquietud sobre el impacto financiero de la medida cuando Londres comenzó hace dos años a plantearla.
London Internet Exchange, una organización que agrupa a proveedores de internet británicos, considera también que 'la medida no es proporcional a los beneficios judiciales que se persiguen'.
'El fin no justifica los medios', coincide el europarlamentario liberal Alexander Alvaro. Su informe sobre la propuesta señala que las personas vinculadas a organizaciones criminales o terroristas podrán fácilmente esquivar el rastreo virtual de las autoridades. 'Pueden cambiar de dirección de correo electrónico o, simplemente, utilizar proveedores de Internet de fuera de la UE que no estén sujetos a la retención de datos'.
Los proveedores temen que se les obligue a guardar datos que ellos no necesitan para nada y advierten que el coste lo acabará pagando el internauta. 'La retención es un impuesto oculto a los usuarios de internet'.
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