El Gobierno sigue hurtando a la sociedad y al Parlamento la información y el debate sobre el desarrollo del DNI-e.

A pesar de que tanto la Comisión de Libertades e Informática como el Presidente de la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Senado, después de conocer la posición de la CLI a raíz de la comparecencia de su Presidente en el seno de la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, han solicitado al Gobierno la apertura de un debate social sobre el contenido y la puesta en marcha del DNIE, el Gobierno sigue desoyendo estos llamamientos.

En efecto, el Consejo de Ministros de la pasada semana aprobó el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre. Este hecho no ha contado con ningún tipo de información ni consulta previa al tejido asociativo que forma parte de la CLI.

La Comisión de Libertades e Informática reitera su opinión de que es un deber social no solo elevar el conocimiento de estas técnicas de identificación digital para las relaciones de los ciudadanos con la Administración y de los ciudadanos entre sí, sino también explicar los derechos y obligaciones que su uso conlleva. Por estas razones la CLI propuso, a la Comisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento del Senado, la apertura de un debate social para la consolidación de las debidas garantías. Asimismo, y en línea con lo que se ha hecho en otros países (Bélgica, Francia, Reino Unido ó Finlandia), ésta entidad cree que el Gobierno debería abrir una Mesa del DNI Electrónico convocando a las diferentes partes implicadas.

Algunas de las cuestiones que, la CLI planteó
en su comparecencia en el Senado fueron, entre otras:

- ¿Será obligatorio obtener el DNI-e o se podrá rechazar?

- ¿Contendrá en un futuro otro tipo de datos ajenos a la
identificación o a la firma electrónica?

- Si está previsto que el futuro DNI pueda contener datos sanitarios
¿Podrá el titular decidir que datos quiere incluir y cuales no?

- ¿Podrá alguien negarse a ser identificado electrónicamente?

- ¿Está previsto en todo el proyecto una campaña de información al
ciudadano?

- ¿Está previsto en todo el proyecto una campaña de formación en protección de datos a los empleados públicos que gestionen estos documentos?

En consecuencia la Comisión de Libertades e Informática solicita de nuevo al Gobierno que, como mínimo, escuche al tejido asociativo antes de la puesta en marcha de esta nueva herramienta y abra, ahora que todavía es posible, un debate social en el que se recoja la opinión de la sociedad civil y, al formar parte de ella, de las organizaciones miembros de la CLI para que puedan ejercer su derecho a exponer sus inquietudes, reflexiones y propuestas.

Nuestra Asociación está integrada, además de por expertos y personas interesadas en el objetivo de la protección de los datos de carácter personal, por las organizaciones siguientes: AI (Asociación de Internautas) + ALI (Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática) + APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos de España) + APICE (Asociación para la Promoción de la Investigación y la Consultoría Estratégica) + CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) + CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) + FADSP (Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública) + UGT (Unión General de Trabajadores