La Comisión de Administración Pública del Senado recorta los derechos digitales de los ciudadanos

El pasado día 31 de mayo la Comisión de Administración Pública del Senado votó la enmienda de la Ley de Acceso Electrónica de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas (LAECAP). Entre las enmiendas propuestas se encontraban algunas presentadas por los grupos Mixto, integrado por IU y BNG, y Entesa Catalana del Progrés (PSC, ERC, ICV) que eran apoyadas por las principales organizaciones sociales dedicadas a la fomentar la creación, uso y difusión de las nuevas tecnologías. En contra de los principios defendidos por estas organizaciones se posicionaron principalmente PP y PNV.

05-06-2007 - Así, las referidas enmiendas aseguraban tres derechos básicos de los ciudadanos:

El primero y más importante es, en consonancia con el Artículo 14 de la Constitución, el derecho a no ser discriminado por razón del tipo de hardware y software que cada ciudadano decida usar para comunicarse con las administraciones públicas. Para ello se establecía que las administraciones públicas deben siempre usar los llamados legalmente "estándares abiertos" (públicos) a la hora de comunicarse con la ciudadanía. Esto es, aquellos estándares públicamente conocidos que están libres de cualquier restricción legal o atadura tecnológica, de forma que cualquier empresa o ciudadano puede libremente usarlos. Desgraciadamente, la mayoría de la Comisión formada por PP y PNV, lejos de aceptar esta línea de trabajo garantista, adoptó justo la contraria, la que restringe o anula los derechos de la ciudadanía. Más concretamente, la enmienda 19 al artículo 4, aprobada por dicha Comisión, viola este derecho. También lo viola la eliminación de la definición de "estándar abierto" producto de la enmienda 21.

Es absolutamente inaceptable e inconcebible en un país democrático que para que un ciudadano pueda ejercer derechos y obligaciones sea obligado por su administración a ser cliente de empresa alguna concreta. Recíprocamente, tampoco es aceptable ni económicamente justificable que una Administración Pública esté obligada a adquirir una marca concreta para atender a los ciudadanos. Para cumplir ambas condiciones con neutralidad se necesitan formatos y protocolos que así lo permitan, y esos sólo son los denominados estándares abiertos.
Así, de no aprobarse la enmienda nº 6 el Estado quedará en situación de cliente cautivo de una multinacional concreta con el consiguiente sobrecoste y derroche del erario.

La segunda gran demanda de derechos tiene que ver con el software, y en general el conocimiento, que se produce para satisfacer las necesidades de nuestras entidades públicas y que es pagado con los impuestos de los contribuyentes.

La propuesta de enmienda que daba esta garantía establecía que todas las Administraciones Públicas compartieran el software del que son propietarias con una licencia que permitiese a cualquier otra entidad pública, ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios, siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.

El software es la infraestructura que más impacto tiene hoy día en la economía y es necesario ponerla a plena disposición de todos ya que, además, todos la pagamos. Sin embargo la Comisión ha decidido en contra de este derecho también, al rechazar la enmienda 12 que así lo garantiza.

El tercer derecho que se reclama es que cualquier ciudadano debería poder auditar el código fuente, esto es, cómo funcionan internamente los programas que ejecutan sus trámites administrativos. Desgraciadamente también a caído ese derecho fruto del pacto PP+PNV. Esa era la función que cumplía la enmienda nº2 también rechazada.

Pero los ciudadanos tenemos derecho a saber que se hace exactamente con nuestros propios datos. ¿Cual es el procedimiento que se sigue? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Quién los ve? ¿Para qué son usados?... Tenemos derecho a auditar de que no se haga nada que no esté previsto en las leyes, que no se manipulen inadecuadamente, aunque sea de forma inadvertida. Tenemos derecho a esa garantía y no se satisface suficientemente con la mera promesa acerca de que algún organismo lo controlará tal y como ha decidido la mayoría en la Comisión.

Así, la mayoría formada por PP y PNV en la Comisión de Administración Pública, en representación del resto de sus compañeros de grupo, ha decidido que no, que los ciudadanos no debemos tener esos derechos.

Pero las asociaciones más representativas de mundo digital español exigimos que, en el Pleno del Senado del día 7 de junio, cada senador vote por otorgarnos derechos por ley. Y esto lo exigimos por la simple y afortunado peso de poder o no votarlos mediante listas abiertas en breves meses.

Igualmente, esperamos también que los diputados del Congreso tomen buena nota de lo que pedimos los ciudadanos a través de sus colectivos más representativos y dinámicos en materias digitales: que lleven a cabo la ratificación de esos derechos cuando les llegue de vuelta esta propuesta de ley. Será sin duda la mejor forma de estimular la participación y valoración de nuestros representates y partidos políticos.