Además de cornudos, apaleados
Suponemos que los servicios jurídicos de la SGAE han hecho caso del dictamen del prestigioso jurista David Bisbal, cuando hace unos días dictaminó en la radio que "en este país hay demasiada libertad de expresión".
La sociedad presidida por José Luis Borau ha demandado a la revista literaria Quimera exigiendo una contraprestación de 9.000 euros por la publicación de un artículo de opinión que la calificaba de "pirata" y hacía un paralelismo entre las patentes de corso que concedían antaño los Reyes con las leyes de propiedad intelectual, que permiten a las gestoras de derechos de autor cobrar un canon que está previsto que alcance incluso a los teléfonos móviles.
Esta demanda, presentada cuatro meses después de la publicación de la revista, se ha conocido poco después de la celebración del juicio que enfrenta a Ramoncín con los responsables de alasbarricadas.org por un comentario escrito contra el cantante en los foros de esta web, con el que se pretende hacer responsable a los administradores de lo que han escrito sus usuarios. Una auténtica aberración que la propia LSSI, tan denostada en su día, intenta evitar cuando en uno de sus artículos aclara que "sólo hay responsabilidad cuando el proveedor tiene conocimiento de un contenido ilícito, declarado como tal por la autoridad competente, y se haya notificado esa resolución".
Ambas acciones legales tienen un claro objetivo: que tanto las publicaciones en papel como las de Internet se impongan una férrea autocensura en todo lo que se refiere a la SGAE y, a ser posible, las demás asociaciones del ramo. Que no se publique una sola línea en ningún medio contra quienes, con la ayuda de Carmen Calvo y la diputada popular Rodríguez Salmones –que ahora está elaborando junto a Juan Costa el programa electoral del PP–, han logrado imponer un impuesto privado sobre una parte considerable de los ingenios electrónicos que hacen posible eso que llamamos sociedad de la información.
Si ante la actuación de la Fiscalía y el juez Del Olmo contra El Jueves ya manifestamos nuestra repulsa, con más razón lo hacemos ahora, pues mientras la revista satírica no tiene capacidad alguna no sólo para acabar con la monarquía, sino para cambiar de sitio una coma de una ley, no sucede lo mismo con la SGAE. Esta vía de demandar por considerar afectado su "derecho al honor" ha sido la escogida cuando ha fracasado su intento de que la ley le facultara para cerrar las páginas web que no considerara de su agrado. Pero los legisladores, tanto del PP como del PSOE, sí que han cedido a la hora de elaborar una ley de propiedad intelectual hecha a su medida. Y el Gobierno parece estar más que dispuesto a ampliar la cantidad que perciben por el canon y el espectro de productos a los que se aplica.
La SGAE no sólo pretende, y consigue, obligarnos a pagarle un diezmo por la compra de productos básicos para cualquier persona o empresa que hace uso de las nuevas tecnologías. También quiere prohibirnos el derecho a protestar. Somos conscientes de que no les queda ya imagen que pueda quedar arruinada por estas acciones. Pero cabría pedir a los partidos políticos que empezaran a cortarles las alas.
1 comentario
antimaricomplejines -