Un estudio constata situaciones de discriminación para los discapacitados en el sistema sanitario español

La legislación aprobada a favor de las personas con discapacidad en España ha hecho que durante los últimos años la situación del colectivo en nuestro país mejore de forma sustancial, aunque todavía quedan situaciones de "discriminación" que hay que detectar y corregir, según un estudio sobre la discapacidad elaborado por Telefónica y la Fundación Sanitas. El informe mantiene que uno de los campos en que subsiste esta situación no igualitaria es el del sistema sanitario.

Tras analizar el ámbito sanitario nacional y de diversos países europeos (Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda y Suecia), este estudio afirma que España tiene todavía ante sí "importantes retos" para situarse al nivel de los países de nuestro entorno. Así, en nuestro país más de 3,5 millones de personas tienen problemas para comunicarse, ver, oír o desplazarse. No obstante, los discapacitados siguen sufriendo serias "desventajas" a la hora de participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social, según esta investigación.

Soluciones

El informe defiende para solucionar esta problemática que se diseñe y aplique una política integral de promoción de la autonomía y prevención de la discapacidad, con la participación de todos los agentes implicados. Asimismo, demanda una Red Integral de Desarrollo Infantil y Atención Temprana dirigida a la población infantil que presenta trastornos en su desarrollo o que tiene riesgos de manifestarlos. Ello permitiría lograr un desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social "lo más armónico posible en los niños hasta los seis años", según los autores del trabajo.

El informe aboga, además, por mejorar la prevención, detección y diagnóstico y rehabilitación. Resulta necesario fomentar la formación inicial y continua de los profesionales de la salud "para prevenir o reconocer las situaciones de discapacidad tan pronto aparezcan", subrayó en este sentido Víctor Bayarri, director de Alter Civites, consultora de servicios sociales responsable de la elaboración del estudio.