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Garzón exculpa a Agirre, del PNV, y procesa a 24 personas por pagos a ETA

El juez Baltasar Garzón, durante la presentación de un libro. (Foto: Bernabé Cordón)El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó este viernes a 24 personas por la red de extorsión etarra vinculada al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) y retiró la imputación a otras 11, incluido el dirigente del PNV Gorka Agirre.

Entre los 24 procesados, a los que imputa los delitos de integración o colaboración en organización terrorista y amenazas, figuran dirigentes etarras como Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', el dueño del bar en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, Joseba Imanol Elosúa.

También aparecen seis directivos de Azkoyen: el ex director general, Ignacio Moreno Purroy, cuatro ex miembros del Consejo de Administración —José María Careaga, Francisco Elizalde, Ignacio Orbaceita y Ricardo Armendariz— y el ex jefe de contabilidad Jesús Marcos Calahorra.

En su auto, Garzón explica que el aparato de extorsión, conocido como GEZI, "cuenta con una red paralela de personas —miembros legales y colaboradores— de la gestión y cobro de las cantidades exigidas a las víctimas para entregar a la organización terrorista".

Esa red paralela, presuntamente liderada por Elosúa, la integraban también los procesados Ramón Sagarzazu, 'Txempela', y Jean Pierre Haracorene, con los que colaboraban los también procesados José Carmelo Luquín, Emilio Castillo e Ignacio Aristizabal.

También colaboraron presuntamente con esa red, en "al menos una ocasión", Jesús Iruretagoiena, y en Francia lo hicieron Ángel Iturbe Abasolo, Eloy Uriarte, Julen Kerman, José Antonio Cau y Cristina Larrañaga, a los que se está investigando en ese país.

Según el juez, Elosúa y Sagarzazu participaron en la gestión del cobro a diferentes empresarios y en la distribución de cartas de extorsión de ETA en "las campañas de marzo de 2005, agosto-septiembre de 2005 y febrero de 2006".

Elosúa mantenía contactos en el bar "con diferentes empresarios con los que no tenía relación comercial" y por ello deduce que esos contactos "podrían estar dirigidos a la gestión del pago de cantidades de dinero exigidas por ETA".

'Desvirtuadas' las imputaciones contra Agirre

Garzón decidió asimismo "alzar la imputación" a otras 11 personas, entre ellas el hijo del dueño del bar y el peneuvista Gorka Agirre.

Respecto al antiguo responsable de Relaciones Internaciones del PNV y sobrino del ex 'lehendakari' José Antonio Agirre, el juez explica que, pese una serie de diligencias, como la comparecencia del ex presidente del partido Xabier Arzalluz, "han desvirtuado en gran medida las imputaciones".

Cuando Arzalluz compareció ante el magistrado dijo que si Agirre hubiera sido un intermediario de ETA, "le hubiéramos echado del partido" y aseguró que sabía que no lo había hecho nunca porque conocía de él "hasta su marca de calzoncillos".

En otro sumario, que se separó de esta causa, Garzón investiga el llamado 'chivatazo' a ETA que supuestamente sirvió para alertar a la organización terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje el 20 de junio de 2006, tres meses después del último alto el fuego declarado por la banda.

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