La peor telefonía de Europa
Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo a la hora de enjuiciar la economía española es en que tenemos un problema de competitividad, y también en que para conseguir incrementarla es preciso atender a las telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías. Desde los distintos ámbitos de la Administración, los políticos se esfuerzan en proponer e incluso llevar a cabo medidas ingeniosas -subvenciones, servicios gratuitos, regalo de ordenadores y no sé cuántas baratijas más- que no solucionan nada, pero transmiten la sensación de que se preocupan y hacen algo al respecto. Lo cierto es que nadie coge el toro por los cuernos, es decir, nadie está dispuesto a meter en cintura a las empresas de telefonía.
La Unión Europea ha puesto el dedo en la llaga al concluir en un informe de la Comisión que las tarifas de móviles y de acceso a internet en España son mucho más caras que la media europea.
Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo a la hora de enjuiciar la economía española es en que tenemos un problema de competitividad, y también en que para conseguir incrementarla es preciso atender a las telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías. Desde los distintos ámbitos de la Administración, los políticos se esfuerzan en proponer e incluso llevar a cabo medidas ingeniosas -subvenciones, servicios gratuitos, regalo de ordenadores y no sé cuántas baratijas más- que no solucionan nada, pero transmiten la sensación de que se preocupan y hacen algo al respecto. Lo cierto es que nadie coge el toro por los cuernos, es decir, nadie está dispuesto a meter en cintura a las empresas de telefonía.
La Unión Europea ha puesto el dedo en la llaga al concluir en un informe de la Comisión que las tarifas de móviles y de acceso a internet en España son mucho más caras que la media europea, lo cual tiene una relevancia mayor si tenemos en cuenta que los salarios son bastante más bajos. El precio mensual de la telefonía móvil, calculado sobre una cesta tipo de llamadas y mensajes, es en nuestro país el más alto de la Unión Europea, un 84% superior a la media. En la conexión de banda ancha es también un 24% mayor que la media; sólo Rumania, República Checa y Austria nos superan. Así mismo, el informe comunitario argumenta que se agranda la brecha digital entre España y Europa, ya que la penetración de la banda ancha en nuestro país crece a un ritmo inferior que en el resto.
La comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, ha responsabilizado de estos hechos a la falta de competencia, lo que ha despertado las iras, tanto del llamado organismo regulador, la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CNMT), como de los operadores. Estos últimos han llegado a acusar a la comisaria de antiespañolismo. ¿Antiespañolismo? Yo creo más bien que la comisaria está a favor de los españoles, es decir, de todos los ciudadanos, que somos los que sufrimos estos precios. Es más, estoy convencido de que la Comisión se ha quedado muy corta, porque lo peor, con todo, no es el precio sino el servicio.
Seguro que la gran mayoría de nosotros hemos sido protagonistas de algún acontecimiento kafkiano, en el que nos hemos visto enfrentados a uno de esos números de teléfono que, por distintos procedimientos y tras muchas llamadas, logran que no hables con nadie, y si hablas es para que acaben diciéndote que ya toman notan. "Oiga, pero si lo de la nota ya me lo dijeron ayer, antesdeayer, y hace cuatro días". Vuelvo a anotarlo, no se preocupe, dice la voz amable del otro lado del hilo, que a lo mejor está también al otro lado del Atlántico, en África o en Siberia. Larra, cuyo bicentenario se acaba de cumplir, escribió uno de sus artículos más famosos con el título "Vuelva usted mañana". Hoy debería escribirse uno parecido titulándolo "Llame usted mañana".
Lo malo del asunto está en que si pretendes cambiarte de compañía comienza un periplo parecido o peor. Si, cansado, optas por la vía del medio y das orden a tu banco de que no atienda el recibo de un servicio que no te han prestado, puedes encontrarte en un aprieto, porque sin mediar comprobación pasas a engrosar la lista de morosos de un archivo siniestro. Es indecoroso que los gobiernos consientan la existencia de estos archivos en los que cualquier gran empresa puede poner en berlina, sin mayores pruebas ni fallo judicial, a un ciudadano que puede verse en graves dificultades a la hora de solicitar un préstamo o cualquier servicio.
Por otra parte, la velocidad de las bandas anchas resulta una auténtica tomadura de pelo. Todas las compañías anuncian ofertas y más ofertas, pero a la hora de la verdad la velocidad con la que navegas no tiene nada que ver con la que has contratado. Existe además un sistema muy hábil para subir el precio. Se comienza ofertando un mega de velocidad; al cabo del tiempo se anuncian, por ejemplo, conexiones de seis megas, por supuesto a un precio superior, y se va reduciendo la velocidad efectiva del primer contrato, de manera que los abonados no tendrán más remedio que dar el salto al otro servicio, que en realidad resulta equivalente al primero en origen, con la única diferencia de que ahora se factura por mayor importe, y así sucesivamente.
¿Y qué decir del teléfono móvil? Lo que realmente es móvil es la cobertura, porque cada vez son más los espacios que carecen de ella o en los que las conexiones se interrumpen una y otra vez, con el consiguiente negocio de tener que repetir el establecimiento de llamada.
La CNMT se ha ofendido porque desde la Unión Europea le han venido a decir que su labor no resulta demasiado eficaz. Pero es una evidencia que en este sector no existe la competencia. Sólo hay que recordar lo que ocurrió cuando se obligó a los distintos operadores a facturar por minutos. Todos se pusieron de acuerdo en subir los precios. La pregunta esencial es si en un mercado como éste, en el que la oferta está condicionada por un número muy reducido de empresas y en el que resulta casi imposible que se incorporen otras nuevas, la concurrencia es factible. Porque si no lo es, resulta preferible un monopolio público. Un Gobierno tiene una serie de condicionantes y cortapisas que no tienen las empresas privadas, aunque sea únicamente porque cada cierto tiempo debe responder en las urnas.
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