Medidas ineficaces y coste electoral

Apesar de que el presidente Zapatero asegurase que la próxima subida fiscal iba a correr a cargo de los impuestos indirectos, nadie sabe aún a ciencia cierta de dónde vendrán los ingresos que necesita el Estado para hacer frente a su abultado déficit.

 

La vicepresidenta Salgado, que ya admite la subida del IVA, reitera que todo el sistema tributario está en revisión. El Ejecutivo había eludido hasta el momento tomar cualquier medida dolorosa que empañara aún más su deteriorada imagen.

Pero no ha tenido más remedio que reconocer que en las cuentas del Estado han saltado todas las costuras y que necesita subir los impuestos para evitar dejar en una crítica situación a la Hacienda pública. El problema al que se enfrenta es que, a pesar de los eufemismos utilizados para que esta píldora amarga que se van a tragar los ciudadanos sea digerible, el desgaste político es ya inevitable. Para obtener los 16.000 millones que quiere Zapatero no hay muchas salidas. Sólo la modificación de dos grandes tributos tienen la suficiente capacidad recaudatoria para conseguir los fondos que necesita el Ejecutivo para salvar el trance: el IVA y el IRPF.

Zapatero ha prometido que no tocará las rentas del trabajo, aunque la supresión de los 400 euros es un golpe directo sobre éstas, que supondrá un ahorro cercano a los 5.000 millones de euros. Le faltarían otros 11.000 millones de euros y sólo una modificación del IVA, aconsejada por algunos expertos, puede dar el margen necesario para sanear las arcas públicas, aunque en el Gobierno son conscientes de que esta medida también tendrá efectos secundarios. Con un consumo interior deprimido, que ha provocado precisamente una brusca caída en la recaudación por IVA, una modificación al alza de este impuesto –cada punto recauda alrededor de 3.000 millones– supondrá un nuevo desincentivo para el consumidor, al tiempo que lastrará la posible recuperación, en la que España parte ya desde el pelotón de cola.

A Zapatero le ha caducado el discurso. Los ciudadanos empiezan a ser conscientes de que la mayor protección social que asegura ofrecer el Gobierno no es más que un incremento de los costes del desempleo derivados de una política económica torpe e ineficaz. El Gobierno se agarra a un clavo ardiendo y hace suyo cualquier síntoma de mejora ajeno a su gestión. La urgencia por arreglar las cuentas públicas, aunque bienvenida, puede llegar demasiado tarde, sobre todo si el presidente se empeña en hacer creer a los ciudadanos que es posible un ajuste no doloroso.

Después de meses dejándose llevar por la corriente, con medidas paliativas que se han demostrado ineficaces y que han supuesto en ocasiones una auténtico derroche, como los 8.000 millones de euros para obras municipales, el presidente sigue sin querer afrontar las necesarias reformas estructurales que eviten que el progresivo hundimiento de la economía. A cambio ha ofrecido el señuelo de la Ley de Economía Sostenible, que no deja de ser una suma de propuestas, ya anunciadas o tomadas, de menor calado, para dar sensación de actividad y dinamismo ante la crisis. A la vista de los resultados son muy pocos ya los que confían en estas recetas y eso puede tener a medio plazo un coste electoral irreversible para Zapatero.