España esquiva los recortes salariales a los funcionarios en la Unión Europea

En el plan de austeridad enviado a Bruselas para reconducir el déficit, el Ejecutivo español se compromete a recortar un 4% el gasto de personal. Una importante parte de esa partida procederá de los funcionarios a través de las limitaciones establecidas en la tasa de reposición del empleo público, que en ningún caso podrá superar el 10% (sólo se incorporará un funcionario por cada diez que se jubilen) y a la congelación de la oferta de empleo público. Los sindicatos, sin embargo, ya han expresado su descontento ante la posibilidad de que no se repongan los puestos que queden vacantes en sectores considerados estratégicos y cuya tasa de reposición no iba a ser limitada, tal y como se firmó en el acuerdo entre los sindicatos de la función pública y el Ejecutivos suscrito en septiembre. El texto fijaba que la reposición se realizaría de forma íntegra en colectivos como fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario o educativos o plantillas de ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes. Al final esas salvedades se han eliminado y los sindicatos han alertado sobre la posibilidad de que haya una atención deficiente en servicios básicos que son atendidos por empleados públicos.

La subida pactada del 0,3% anual para este año deja a España a contracorriente frente al resto de países europeos que, castigados por el excesivo endeudamiento y el frenazo en la actividad, han optado por establecer ajustes entre las remuneraciones de los funcionarios. El caso más paradigmático es el de Grecia, con un derrumbe económico que ha obligado a un fuerte plan de ajuste. Una de las primeras medidas incluidas en el mismo ha sido el recorte de salarios a los funcionarios, que caerán de media un 30% como consecuencia de la supresión de las pagas extraordinarias. En lo que va de año ya se han producido dos huelgas generales convocadas por los sindicatos de funcionarios, ante el descontento de más de un millón de empleados públicos, que suponen el 22,3% de la población ocupada. En otros países, como Reino Unido y Portugal, han optado por la moderación salarial ante el ahorro que se generará para las arcas públicas. En el caso del Reino Unido, el Ejecutivo ha anunciado la congelación de salarios para los funcionarios con los ingresos más elevados y de los médicos de familias y dentistas que trabajan para la Seguridad Social, a través del cual prevé ahorrar 3.000 millones de libras (3.630 millones de euros) al año.

Alemania modera los salarios

El Ejecutivo portugués ha ido un poco más allá y ha decidido congelar los sueldos de los funcionarios. El ministro de Economía, Fernando Teixeira, ya ha advertido que esa moderación también se extenderá a los trabajadores de las empresas públicas y que no puede asumir en este momento el compromiso de equiparar la evolución de los salarios con la inflación para los próximos años. Otro ejemplo que ilustra el cambio de dirección se ha producido en Alemania, que ha moderado las fuertes subidas salariales pactadas en los últimos ejercicios, que se elevaban por encima del 6% en tasa interanual. El alza salarial pactada para el sector privado se limitó a un 2,2% en 2009, según un estudio realizado por la consultora Watson Wyatt, tan sólo por encima por Suiza, Luxemburgo y Dinamarca. Y la tendencia se ha prolongado a lo largo de este año, en el que los sindicatos han firmado un acuerdo que regula los sueldos de dos millones de funcionarios (más de un 30% del total) para los tres próximos años. La subida pactada para este ejercicio se queda en un 1,2% y se reduce al 0,6% en 2011 y al 0,5% en 2012.

El problema del sector público en España no es de dimensión. En España hay 2,6 millones de funcionarios, lo que supone un 14% del total de los ocupados. Entre los países similares en términos económicos, sólo Portugal está por debajo (un 13,1%), mientras que el resto está por encima, especialmente Suecia (34%), Bélgica (32,8%), Francia (29,1%) y Finlandia (26,4%) Por lo tanto, el problema se ciñe más bien a las fuertes subidas salariales que se han acumulado en los últimos ejercicios y a las duplicidades existentes en las distintas administraciones. Los incrementos de sueldos, sin embargo, no han posibilitado un acercamiento entre los salarios privados y públicos, ya que según el último informe del Banco de España, los primeros siguen distanciando en un 40% a los segundos. Esa brecha también se explica por las dos congelaciones de sueldo que sufrieron los funcionarios en 1994 y 1997, que no afectaron al sector privado.

En los últimos diez años, las subidas salariales pactadas en el sector público nunca han sido superiores al 2% y en general siempre se han situado por debajo de la inflación. Sin embargo, a ese incremento pactado había que sumarle posteriormente los complementos de productividad, antigüedad y las pagas extraordinarias fijadas por las distintas administraciones. En 2009, el alza era del 2% y la que finalmente se produjo fue del 3,875%. Esa desviación de 1,8 puntos obedecía a tres conceptos: un punto a las pagas extraordinarias, medio punto al fondo de pensiones y tres décimas a la ocupación de puestos vacantes. Ese aumento multiplicó por cinco el incremento de la inflación (0,8%) y superó en 1,5 puntos el fijado para el sector privado.