Una afectada por el bloqueo de la ayuda al alquiler: 'Ahora parece que he robado al Estado'

"A mí no me pagaron intereses cuando tardaron 18 meses en ingresarme la ayuda para el alquiler", critica Patricia, a quien ahora el Ministerio de Vivienda podría reclamar el reintegro del subsidio recibido -210 euros al mes- más unos intereses del 5%. Esta joven barcelonesa de 28 años es una de las 8.000 personas a las que el Gobierno ha suspendido la concesión de la Renta Básica de Emancipación (RBE) por superar el umbral salarial y que podrían tener que devolver lo recibido. En su caso, además, debería ingresar unos 200 euros en concepto de intereses.

Para la solicitud de la ayuda, Patricia reclamó al hospital en el que trabaja un documento con la previsión de sus honorarios para 2009. El resultado: 18.000 euros brutos anuales, por debajo de los 22.000 que fijan el tope de ingresos por rendimientos del trabajo que establecen las bases del subsidio. Pero a esa base salarial se le fueron sumando las guardias que realizó durante el año por lo que, con la declaración de la renta en mano, ahora supera ese umbral.

"La empresa sólo puede asegurar tu sueldo base, porque ni ellos ni yo sabemos cuántas guardias voy a poder hacer en un año o si no podré hacer ninguna porque, por ejemplo, me rompo una pierna", explica. El Ministerio de Vivienda responde que tanto ella como buena parte de los 8.000 afectados debería haber informado de su aumento de ingresos.

Patricia asegura que no le explicaron este punto y que no conocía el requisito y, ni mucho menos, sus consecuencias. Además, critica que las guardias se contabilicen cuando no suponen un ingreso fijo que nutra la base salarial y, por lo tanto, no están aseguradas, de la misma manera que ocurre con las horas extra.

El primer aviso, vía SMS, el 28 de mayo

La Agencia Tributaria informó al Ministerio de Vivienda del aumento de los ingresos y el 28 de mayo recibió un SMS en el que se le informaba de que había superado el umbral permitido y que se dirigiera a una oficina de Hacienda. Allí le explicaron que esperara, que el bloqueo de la ayuda aún no era firme.

El 20 de julio recibió, por correo certificado, un documento en el que le informaban de que el Ministerio de Vivienda había decidido suspender cautelarmente la ayuda. Le daban 15 días para presentar alegaciones. Desde entonces, no ha sabido nada más, aunque espera una nueva confirmación para que le informen de cómo y dónde efectuar la devolución y, como añadido, los intereses.

Su situación, en este momento, está enclavada en una especie de limbo administrativo. Son las comunidades autónomas quienes deben estudiar cada caso y reclamar la devolución de las subvenciones. El gobierno catalán, por el momento, se ha mostrado reticente a gestionar lo que consideran un error del Estado. La Generalitat marca distancias con el Ministerio de Vivienda, incluso, en la carta certificada que recibió esta joven, donde deja claro que es "el Ministerio de Vivienda, organismo competente de la Renta Básica de Emancipación", el culpable del desaguisado. "Ahora parece que he robando al Estado, cuando ese dinero es necesario", se queja Patricia, que paga 800 euros al mes de alquiler. Para esta joven barcelonesa, las ayudas deberían contemplar además que "no es lo mismo pagar un alquiler en una ciudad cara como Barcelona que en otras donde los precios son más bajos".

Además, cuando reclamó la ayuda, su pareja no tenía ningún ingreso. Su caso, como el de buena parte de los 8.000 afectados, evolucionará según la gestión de cada comunidad autónoma y la premura que tenga el Ministerio de Vivienda por recuperar el monto de estas subvenciones.