La generalización del canon y de los sistemas anticopia.....
Desde que las entidades de gestión de derechos de autor lograran extender el canon compensatorio por la copia privada a todo tipo de soportes digitales en septiembre de 2003, son cada vez más los usuarios y consumidores de estos soportes digitales que se consideran legitimados para regalarse todo tipo de copias privadas de obras musicales y fonográficas.
A ello, hay que añadir la imposibilidad material que la práctica generalidad de los usuarios y consumidores honestos tienen de realizar su copia privada de las obras adquiridas en soportes digitales, quienes lógicamente acuden a la búsqueda de su copia privada, fundamentalmente en las redes P2P.
A mayor abundamiento, incluso la Directiva comunitaria 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, reconoce expresamente la copia privada cuando establece como excepción del derecho de distribución de los autores, artistas y productores la reproducción "en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas"; es decir, ampara lo que es conocido aquí como copia privada.
La dejación del Gobierno que permanece impasible y distante ante la generalización de los sistemas anticopia y, a pesar de ello, la generalización del canon compensatorio que está engordando con cantidades desorbitadas las arcas de unas entidades que se proclaman gestoras de derechos de autor mientras insultan y amenazan a quienes expolian, adoptando incluso medidas contrarias a los usuarios y consumidores como son los intentos de criminalización de Internet, quedan en evidencia incluso desde las instancias europeas que, desde la aprobación en el año 2001 de la citada Directiva, ya anudaron la posibilidad de la exigencia de la remuneración compensatoria a la reproducción de las obras sujetas a derechos de autor, no a la "posibilidad" de reproducción ni a la susceptibilidad de determinados materiales o equipos de ser medios "idóneos" para la reproducción, y la imposibilidad material de tal reproducción o copia privada por los sistemas anti-copia a la inexigibilidad de una remuneración equitativa que nada podía retribuir y que, además, son amparadas por mecanismos de protección jurídica.
Entretanto, los bolsillos de los consumidores y usuarios, empresas y administraciones son objeto de expolio con cada canon compensatorio por nada que tienen que pagar, lo cual es de agradecer a quienes hacen dejación de las obligaciones que les competen, nuestros gobernantes, quienes al parecer siguen de vacaciones permanentes, salvo para permitir el daño al interés general que representan los consumidores, usuarios, empresas y administraciones en beneficio de una minoría, que ni siquiera son los autores supuestamente protegidos por las autoproclamadas entidades gestoras de sus derechos, sino unas superestructuras burocráticas enriquecidas, formadas y financiadas con la finalidad esencial de ser instrumentos de persecución generalizada y de amenaza permanente como instrumentos jurídicos de criminalización de toda la sociedad.
No puede resultarnos extraño, por tanto, que cualquiera de los gerifaltes de esas superestructuras burocráticas se sienta autorizado para insultar nuestra inteligencia y lanzar acusaciones generalizadas de criminalización hacia Internet y sus usuarios, y que ese río revuelto sea aprovechado por quienes se lucran con esas medidas ilegales e injustas para realizar aseveraciones de todo tipo y seguir lanzando, como si se tratara de sesudos estudios, cifras faltas de toda credibilidad, inventadas cuando no faltas de todo rigor científico en el mejor de los casos.
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A ello, hay que añadir la imposibilidad material que la práctica generalidad de los usuarios y consumidores honestos tienen de realizar su copia privada de las obras adquiridas en soportes digitales, quienes lógicamente acuden a la búsqueda de su copia privada, fundamentalmente en las redes P2P.
A mayor abundamiento, incluso la Directiva comunitaria 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, reconoce expresamente la copia privada cuando establece como excepción del derecho de distribución de los autores, artistas y productores la reproducción "en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas"; es decir, ampara lo que es conocido aquí como copia privada.
La dejación del Gobierno que permanece impasible y distante ante la generalización de los sistemas anticopia y, a pesar de ello, la generalización del canon compensatorio que está engordando con cantidades desorbitadas las arcas de unas entidades que se proclaman gestoras de derechos de autor mientras insultan y amenazan a quienes expolian, adoptando incluso medidas contrarias a los usuarios y consumidores como son los intentos de criminalización de Internet, quedan en evidencia incluso desde las instancias europeas que, desde la aprobación en el año 2001 de la citada Directiva, ya anudaron la posibilidad de la exigencia de la remuneración compensatoria a la reproducción de las obras sujetas a derechos de autor, no a la "posibilidad" de reproducción ni a la susceptibilidad de determinados materiales o equipos de ser medios "idóneos" para la reproducción, y la imposibilidad material de tal reproducción o copia privada por los sistemas anti-copia a la inexigibilidad de una remuneración equitativa que nada podía retribuir y que, además, son amparadas por mecanismos de protección jurídica.
Entretanto, los bolsillos de los consumidores y usuarios, empresas y administraciones son objeto de expolio con cada canon compensatorio por nada que tienen que pagar, lo cual es de agradecer a quienes hacen dejación de las obligaciones que les competen, nuestros gobernantes, quienes al parecer siguen de vacaciones permanentes, salvo para permitir el daño al interés general que representan los consumidores, usuarios, empresas y administraciones en beneficio de una minoría, que ni siquiera son los autores supuestamente protegidos por las autoproclamadas entidades gestoras de sus derechos, sino unas superestructuras burocráticas enriquecidas, formadas y financiadas con la finalidad esencial de ser instrumentos de persecución generalizada y de amenaza permanente como instrumentos jurídicos de criminalización de toda la sociedad.
No puede resultarnos extraño, por tanto, que cualquiera de los gerifaltes de esas superestructuras burocráticas se sienta autorizado para insultar nuestra inteligencia y lanzar acusaciones generalizadas de criminalización hacia Internet y sus usuarios, y que ese río revuelto sea aprovechado por quienes se lucran con esas medidas ilegales e injustas para realizar aseveraciones de todo tipo y seguir lanzando, como si se tratara de sesudos estudios, cifras faltas de toda credibilidad, inventadas cuando no faltas de todo rigor científico en el mejor de los casos.
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