Los ministros de Interior del G5 buscarán criterios para expulsar de la UE a sospechosos de terrorismo

Los ministros del Interior de España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, se mostraron a favor de unificar el pasaporte comunitario, de manera que incluya también las huellas dactilares, así como de medidas de expulsión contra los sospechosos de actividades terroristas.

José Antonio Alonso participa en la ciudad italiana de Florencia en un encuentro con los ministros de Interior de Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido (el llamado G-5), en el que se analiza la lucha contra el terrorismo y el problema de la inmigración ilegal.

En un descanso de la reunión, que terminará el lunes, Alonso explicó a los periodistas que los ministros han encargado a un grupo de expertos que fije una serie de normas mínimas para establecer quién es sospechoso de actividades terroristas, de manera que sea "racional y demostrable", para que sea aceptable por los demás socios.

Los cinco países presentes en Florencia son favorables a que en el futuro pasaporte comunitario figure el nombre del titular, su fotografía y las huellas dactilares.

Este último elemento es novedoso en algunos países, como Italia, pero según el ministro español es el mejor para la identificación de un ciudadano y en especial para la investigación de delitos.

"La Unión Europea tiene que ser un espacio de libertad, en el que se puedan mover sin dificultad los ciudadanos, pero por lo mismo también tiene que serlo de seguridad", dijo Alonso, quien agregó que la idea avanzada hoy por el G5 en Florencia no tiene fecha de aplicación.

Los ministros también hablaron de la idea, defendida por Alemania e Italia entre otros, de crear "centros de acogida" en países del Magreb para que sirvan como estructuras en las que gestionar el constante flujo migratorio en el Mediterráneo, que tiene como destino Europa.

El proyecto piloto para esos centros fue respaldado en una reunión de los veinticinco Estados de la UE el pasado día 1, pero no satisface a algunos, como Francia y España.

"La eficacia es dudosa desde el punto de vista de la lucha contra la inmigración ilegal", afirmó el titular español de Interior, quien expresó la "cautela y prudencia absolutas" de su gobierno ante esa idea.

Alonso manifestó que es preciso que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes y avanzó que hay algunas cuestiones que ofrecen dudas, como quién debe gestionar esos centros, si serán sólo para los inmigrantes políticos o también para los económicos y cuál es la opinión de los países destinados a acoger esas estructuras.