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MARSEL & CO

La industria de la documentación digital pide la supresión del canon de la Sgae

El Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril en el Congreso de los Diputados y actualmente en consulta en la Comisión de Cultura del Senado, grava con un impuesto directo la compra de las máquinas para escanear y los soportes finales de archivo (CD-R, DVD, etc…).

Este proyecto de Ley, promovido por las Sociedades de gestión de los derechos de autor, encabezadas por SGAE, genera una importante carga a nuestra Industria de la Documentación Digital al imponer un sobrecoste que supera el precio en origen del CD o DVD y gravando la compra de maquinas de escaneado y digitalización. La Asociación Española de Documentación Digital (aedocdigital) agrupa a empresas de distribución, servicios y profesionales que utilizan maquinaria de escaneado , digitalización y soportes digitales de archivo , que no realizan en sus actividades profesionales ningún uso que lesione los derechos de ningún autor.

Tampoco lesionan estos derechos las reproducciones digitales realizadas por bibliotecas, archivos y museos con fines de conservación del patrimonio documental español. Por ello, la compra de escaners y de CD-R, DVD, etc. efectuada por una empresa para digitalizar su documentación (facturas, albaranes, contratos, etc ) o por parte de una entidad de ahorro para escanear los DNI de sus millones de clientes, la documentación generada o recibida por empresas en el desarrollo de su actividad, no debe estar afectada por ningun tipo de impuesto especial. Asimismo, la compra de los escaners y CD-R, DVD, etc, necesarios. para archivar documentos e imágenes en las diferentes bibliotecas, archivos o museos de nuestro país para preservar el patrimonio histórico y cultural de todos los españoles tampoco debe estar gravada con ningun impuesto directo en la compra ni de las máquinas ni de los soportes.

Esta situación descrita y que creemos totalmente absurda (suponemos que el Ministerio Hacienda paga el canon al comprar los CD Rom para la difusión del programa PADRE que facilita la declaración a los ciudadanos de este país, o que la Seguridad Social paga el canon para archivar en CD Rom los millones de recetas y las historias clínicas que se están escaneando, por no hablar de la Administración de Justicia y otras entidades en las que el uso del CD-R como soporte de transferencia o archivo está muy lejana de la lesión de derechos de autor) genera un sobrecoste que debe corregirse y para ello es imprescindible excluir del pago del impuesto a las empresas, instituciones y usuarios que no realizan copias que supongan una lesión de los derechos de autor.

Por todo esto, los abajo firmantes denunciamos esta situación e iniciamos gestiones con todos los agentes implicados para conseguir la exclusión de pago del impuesto / canon a los sectores industriales y profesionales mencionados, relacionados con la Industria de la Documentación Digital

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