¿Ley del suelo o Ley de Expropiación Forzosa?
El gobierno aprobó ayer en el congreso la Ley del Suelo, con el voto en contra del grupo del Partido Popular. Sustituye a la Ley de Régimen de Suelo, aprobada en 1998, y que sirvió para liberalizar el suelo. La medida se aprueba sin que haya existido un debate social sereno, y sin que los ciudadanos conozcan las consecuencias reales de la nueva norma. Rodríguez Zapatero señaló con mucho énfasis que "del éxito de esta ley depende el cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer una vivienda digna al ciudadano". La ministra de la Vivienda, Maria Antonia Trujillo, desveló, voluntaria o involuntariamente, la clave de la nueva Ley del Suelo: “es una norma para todos los ciudadanos, no sólo para los propietarios”. Es decir: el derecho de propiedad queda anulado por el sufragio universal. El portavoz del Partido Popular en el congreso, Pablo Matos, advirtió que, básicamente, “la ley servirá para abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio”. En pocas palabras: el gobierno se ha dotato de una ley coraza para poder expropiar suelo urbanizable a menos de 1 euro por m2, sin que el propietario pueda defenderse frente a la administración.
Al margen de que la nueva ley generará inevitablemente, y al contrario de lo que cree el presidente del gobierno, mucha corrupción en los estratos más opacos e inmunes a los cambios políticos de la administración, los promotores apuntan cierta preocupación por el carácter discrecional de la medida. La Ley del Suelo fija únicamente dos tipos de terrenos, los rurales y los urbanos. Un suelo no será valorado ya como urbano hasta que la Administración competente lo decida. De este modo, todos los suelos que se estén en trámite de regularización pasan a valorarse en base a criterios de capitalización de las rentas agrarias, un precio prácticamente nulo.
La consecuencia directa más probable es que los pequeños promotores y constructores, sin contactos políticos suficientes, no se arriesguen a comprar reservas de suelo y queden excluidos poco a poco del mercado inmobiliario no finalista. Incluso podría darse la paradoja que incremente notablemente el precio de cualquier finca urbana por la necesidad de estas empresas de asegurarse una carga mínima de trabajo. Los mayores beneficiados, según Pablo Matos, la administración y las grandes promotoras “que podrán pagar el suelo a precio de plátanos o de boniatos”. Las asociaciones agrarias tampoco se muestran muy favorables a la nueva ley del suelo. Llevan meses denunciando que esta normativa servirá de pretexto para abaratar de forma muy notable los precios que aplica la Administración para las expropiaciones forzosas en caso de la ejecución de infraestructuras de interés público y general.
¿Crees que a partir de ahora habría que elegir por sufragio universal a los arquitectos municipales? Crece el poder de los funcionarios, e incluso del personal laboral del estado: ¿favorece la nueva ley la discrecionalidad y corrupción administrativa? La Ley del Suelo expulsa del mercado inmobiliario a pequeños constructores y favorece a las grandes promotoras: ¿para favorecer más competencia y más productividad en el sector? ¿A quién beneficia realmente? ¿Crees que la alarma social generada artificialmente ha facilitado la aprobación de La Ley del Suelo?
Al margen de que la nueva ley generará inevitablemente, y al contrario de lo que cree el presidente del gobierno, mucha corrupción en los estratos más opacos e inmunes a los cambios políticos de la administración, los promotores apuntan cierta preocupación por el carácter discrecional de la medida. La Ley del Suelo fija únicamente dos tipos de terrenos, los rurales y los urbanos. Un suelo no será valorado ya como urbano hasta que la Administración competente lo decida. De este modo, todos los suelos que se estén en trámite de regularización pasan a valorarse en base a criterios de capitalización de las rentas agrarias, un precio prácticamente nulo.
La consecuencia directa más probable es que los pequeños promotores y constructores, sin contactos políticos suficientes, no se arriesguen a comprar reservas de suelo y queden excluidos poco a poco del mercado inmobiliario no finalista. Incluso podría darse la paradoja que incremente notablemente el precio de cualquier finca urbana por la necesidad de estas empresas de asegurarse una carga mínima de trabajo. Los mayores beneficiados, según Pablo Matos, la administración y las grandes promotoras “que podrán pagar el suelo a precio de plátanos o de boniatos”. Las asociaciones agrarias tampoco se muestran muy favorables a la nueva ley del suelo. Llevan meses denunciando que esta normativa servirá de pretexto para abaratar de forma muy notable los precios que aplica la Administración para las expropiaciones forzosas en caso de la ejecución de infraestructuras de interés público y general.
¿Crees que a partir de ahora habría que elegir por sufragio universal a los arquitectos municipales? Crece el poder de los funcionarios, e incluso del personal laboral del estado: ¿favorece la nueva ley la discrecionalidad y corrupción administrativa? La Ley del Suelo expulsa del mercado inmobiliario a pequeños constructores y favorece a las grandes promotoras: ¿para favorecer más competencia y más productividad en el sector? ¿A quién beneficia realmente? ¿Crees que la alarma social generada artificialmente ha facilitado la aprobación de La Ley del Suelo?
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