La Junta duda de la viabilidad de la propuesta del soterramiento
No cuadra. La Consejería de Fomento explica que, a partir de la información del PGOU, el aprovechamiento de los terrenos de ADIF carece de «coherencia urbana»
Ahora que se conocen los peros que la Administración Regional ha puesto al Plan General de Ordenación Urbana -publicados ayer en el BOCyL-, se entienden mejor los reparos que aquélla ha puesto durante los últimos meses para firmar el protocolo del soterramiento.
La Consejería de Fomento no se fía de los planes que el Ayuntamiento tiene para sacar provecho del suelo que ADIF liberará con el soterramiento. No le salen las cuentas y así se lo dice al Ejecutivo de Heliodoro Gallego en la propuesta de modificaciones que ayer se hizo pública, pero que la Concejalía de Urbanismo ya tiene desde hace algunas semanas.
Ya se sabe que el Ayuntamiento ha introducido en el PGOU la última propuesta de soterramiento que aceptó el Ministerio de Fomento, es decir, de la calle Matías Nieto Serrano a los Tres Pasos. En ella, además, se afirma que el cómo y cuánto se construirá en los terrenos de ADIF que se liberen se fijará mediante un Plan Especial de Reforma Interior que se desarrollará mediante concurso cuando llegue el momento.
En ese PERI, y según el propio Plan General, se proyecta «un crecimiento de tipo residencial máximo de 290.749 m2 edificables y 2.142 viviendas» -de momento, sin límite de altura, aunque el Ayuntamiento sostiene que se fijará cuando se desarrolle el Plan Especial-, «un eje estructurante viario» y «un parque lineal».
Ese aprovechamiento urbanístico servirá para pagar una parte importante del proyecto del soterramiento. Y aquí comienzan los problemas para la Junta de Castilla y León, diferencias respecto a la «viabilidad» y la «coherencia urbana» del futuro planeamiento de la ciudad.
La Consejería de Fomento argumenta que queda patente una «excesiva dificultad de realizar una propuesta que resulte satisfactoria». Para la Junta esa conformidad pasa por el cumplimiento de «los objetivos de crecimiento residencial adaptándose coherentemente al entorno y al núcleo urbano»; por que dicha propuesta «no interfiera ni se vea afectada negativamente por la infraestructura ferroviaria»; y por que resuelva «de forma adecuada» la compatibilidad con «instalaciones, infraestructuras urbanas u otros recursos que discurren por la zona del trazado».
Esto no significa que la Junta de Castilla y León considere que el proyecto del soterramiento es inviable y por eso no da el visto bueno al Plan; supone sólo que con la información que le ha facilitado el Ayuntamiento no puede pronunciarse positivamente y por eso le pide más datos.
Los técnicos advierten de que no existe «ningún estudio o análisis técnico pormenorizado» sobre cuestiones como las soluciones para el soterramiento y las necesidades de infraestructuras ferroviarias subterráneas o en superficie; sobre las afecciones ferroviarias y la compatibilidad del uso ferroviario o su soterramiento con las edificaciones y desarrollos residenciales que se prevén en superficie.
Cuestiones muy concretas que abarcan cuestiones como playas de vías, número de vías de viajeros y mercancías, apartaderos, andenes, zona de estación, aliviaderos, instalaciones auxiliares...
solicitud de información. ¿Qué información pide la Junta de Castilla y León? En resumen, «que es posible ocupar el sector con todos los usos previstos y exigidos reglamentariamente». La Consejería de Fomento considera preciso demostrar que es posible ubicar también los espacios libres y equipamientos locales, aparcamientos y las edificaciones con sus espacios abiertos propios.
Los técnicos especifican que hay algunas bolsas de terreno en las que no está nada claro que se pueda aplicar la edificabilidad que quiere el Ayuntamiento debido al impacto acústico que existirá en ellas.
Además, hacen hincapié en la previsión de aparcamientos, por ley, dos plazas por cada 100 m2 edificables. No hay forma de habilitar plazas subterráneas, así que los técnicos se preguntan cómo se cumplirá con la norma.
Otra de las cuestiones sobre las que se solicita información es si el soterramiento se realizará mediante un sistema de «trinchera» o «túnel», y cómo afectará a cuestiones como el arroyo de Villalobón, los colectores, las aguas freáticas...
Respecto a la financiación, la Consejería aclara que las dotaciones estructurantes en superficie, como los viales, son de carácter de sistema general y por lo tanto a los propietarios del PERI se les debería imputar solo la carga de la cesión del suelo necesario y no la del coste de ejecución.
La Consejería de Fomento no se fía de los planes que el Ayuntamiento tiene para sacar provecho del suelo que ADIF liberará con el soterramiento. No le salen las cuentas y así se lo dice al Ejecutivo de Heliodoro Gallego en la propuesta de modificaciones que ayer se hizo pública, pero que la Concejalía de Urbanismo ya tiene desde hace algunas semanas.
Ya se sabe que el Ayuntamiento ha introducido en el PGOU la última propuesta de soterramiento que aceptó el Ministerio de Fomento, es decir, de la calle Matías Nieto Serrano a los Tres Pasos. En ella, además, se afirma que el cómo y cuánto se construirá en los terrenos de ADIF que se liberen se fijará mediante un Plan Especial de Reforma Interior que se desarrollará mediante concurso cuando llegue el momento.
En ese PERI, y según el propio Plan General, se proyecta «un crecimiento de tipo residencial máximo de 290.749 m2 edificables y 2.142 viviendas» -de momento, sin límite de altura, aunque el Ayuntamiento sostiene que se fijará cuando se desarrolle el Plan Especial-, «un eje estructurante viario» y «un parque lineal».
Ese aprovechamiento urbanístico servirá para pagar una parte importante del proyecto del soterramiento. Y aquí comienzan los problemas para la Junta de Castilla y León, diferencias respecto a la «viabilidad» y la «coherencia urbana» del futuro planeamiento de la ciudad.
La Consejería de Fomento argumenta que queda patente una «excesiva dificultad de realizar una propuesta que resulte satisfactoria». Para la Junta esa conformidad pasa por el cumplimiento de «los objetivos de crecimiento residencial adaptándose coherentemente al entorno y al núcleo urbano»; por que dicha propuesta «no interfiera ni se vea afectada negativamente por la infraestructura ferroviaria»; y por que resuelva «de forma adecuada» la compatibilidad con «instalaciones, infraestructuras urbanas u otros recursos que discurren por la zona del trazado».
Esto no significa que la Junta de Castilla y León considere que el proyecto del soterramiento es inviable y por eso no da el visto bueno al Plan; supone sólo que con la información que le ha facilitado el Ayuntamiento no puede pronunciarse positivamente y por eso le pide más datos.
Los técnicos advierten de que no existe «ningún estudio o análisis técnico pormenorizado» sobre cuestiones como las soluciones para el soterramiento y las necesidades de infraestructuras ferroviarias subterráneas o en superficie; sobre las afecciones ferroviarias y la compatibilidad del uso ferroviario o su soterramiento con las edificaciones y desarrollos residenciales que se prevén en superficie.
Cuestiones muy concretas que abarcan cuestiones como playas de vías, número de vías de viajeros y mercancías, apartaderos, andenes, zona de estación, aliviaderos, instalaciones auxiliares...
solicitud de información. ¿Qué información pide la Junta de Castilla y León? En resumen, «que es posible ocupar el sector con todos los usos previstos y exigidos reglamentariamente». La Consejería de Fomento considera preciso demostrar que es posible ubicar también los espacios libres y equipamientos locales, aparcamientos y las edificaciones con sus espacios abiertos propios.
Los técnicos especifican que hay algunas bolsas de terreno en las que no está nada claro que se pueda aplicar la edificabilidad que quiere el Ayuntamiento debido al impacto acústico que existirá en ellas.
Además, hacen hincapié en la previsión de aparcamientos, por ley, dos plazas por cada 100 m2 edificables. No hay forma de habilitar plazas subterráneas, así que los técnicos se preguntan cómo se cumplirá con la norma.
Otra de las cuestiones sobre las que se solicita información es si el soterramiento se realizará mediante un sistema de «trinchera» o «túnel», y cómo afectará a cuestiones como el arroyo de Villalobón, los colectores, las aguas freáticas...
Respecto a la financiación, la Consejería aclara que las dotaciones estructurantes en superficie, como los viales, son de carácter de sistema general y por lo tanto a los propietarios del PERI se les debería imputar solo la carga de la cesión del suelo necesario y no la del coste de ejecución.
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