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Los 200 agentes de la Policía Portuaria renuevan su uniforme

Imagen de la presentación de los nuevos uniformes. (Foto: Pep Vicens)

Los más de 200 agentes que tiene la Policía Portuaria en los cinco puertos del archipiélago presentaron hoy su nuevo uniforme realizado con el objetivo de diferenciar su imagen de la del resto de cuerpos de seguridad que actúan en la zona de dominio portuario y, además, modernizar la imagen corporativa de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

El presidente de la APB, Francesc Triay, ha señalado que este cuerpo, que cuenta con un 13% de mujeres en su plantilla, realiza servicios del puerto que son básicamente de control del tráfico marítimo y terrestre, así como todas las tareas de vigilancia, control y seguridad en esta zona. Por su parte, el responsable de la Policía Portuaria, Diego Oliva, ha remarcado que antes llevaban un uniforme de color verde limón por lo que la gente les confundía con la Policía Local. Asimismo, apuntó que la nueva vestimenta cuenta con partes reflectantes y manifestó que también se incorpora la nueva credencial individual que los acredita como Agentes de la Administración Portuaria.

Oliva además ha señalado que la Policía Portuaria se ocupa especialmente del interior de los muelles, especialmente del tráfico de pasajeros y de mercancías aunque últimamente también desempeña sus labores en el "botellón en la zona portuaria". No obstante, destacó que normalmente no hay "incidencias demasiado graves", ha aseverado.

Anteproyecto de la Ley de Puertos

El presidente de la APB, preguntado sobre su opinión sobre el anteproyecto de la Ley de Puertos del Estado, indicó que éste afronta los "dos o tres problemas más urgentes que tenemos" como el del sistema tarifario. Así, Triay ha explicado que la Unión Europea considera que se están haciendo bonificaciones a determinados tráficos que "precisamente son tráficos que algunos de ellos favorecen a Baleares" y que son "discriminatorias respecto a la libertad de mercado".

Además, ha afirmado que otro de los aspectos que contempla el anteproyecto está relacionado con el establecimiento de limitaciones a las tareas "que son objeto de trabajo en exclusiva de los estibadores". No obstante, incidió en que el tema más urgente es el referente al sistema tarifario puesto que "estamos en una situación de incumplimiento del tratado europeo y pendientes de una sentencia del Tribunal Europea que seguramente será favorable".

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