Navíos de 36 países recuerdan Trafalgar en un gran espectáculo políticamente correcto

Con una espectacular recreación de la batalla de Trafalgar, Reino Unido cierra los fastos para celebrar el bicentenario del combate, en el que 6.000 marineros, sobre todo españoles y franceses, murieron frente a las costas de Cádiz. Los organizadores del evento han evitado ofender a las derrotadas España y Francia, que participan con seis barcos, cambiando las nacionalidades por colores.

Unas 250.000 personas presencian la recreación del combate en Portsmouth, junto a la reina de Inglaterra, Isabel II y su marido, el duque de Edimburgo, y otros seis miembros de la familia real británica como el príncipe Carlos, heredero a la Corona, y su esposa, Camila, duquesa de Cornualles.

El espectáculo arranca con un actor que representa al almirante Horacio Nelson, al mando de los británicos, a bordo del 'Grand Turk', una réplica de una fragata del siglo XIX. Este es uno de los 17 barcos históricos que se representan en un espectáculo diseñado para mostrar cómo se luchaban en las batallas durante la época de Napoleón y Nelson.

El acto pretende ser una espectacular representación de la batalla de Trafalgar, con una muestra de luz y sonido. Los organizadores han intentado a toda costa evitar las acusaciones de triunfalismo, sobre todo tras el enfrentamiento que supuso para Francia, España y Reino Unido el último Consejo Europeo.

[foto de la noticia]
Por ello, han decidido que se enfrentarán un equipo azul y uno rojo para no ofender a los franceses y españoles, una medida que ha originado las protestas de los enemigos de lo 'políticamente correcto'.

Acto seguido tendrá lugar una representación de juegos artificiales en referencia a la gran tormenta que azotó a los marinos al final de la batalla de 1805.

Presencia de España y Francia

En el combate de Trafalgar la flota inglesa venció a la escuadra hispano-francesa, dirigida por el almirante galo Charles Villeneuve. La batalla, librada el 21 de octubre de 1805 en el cabo Trafalgar, frente a Cádiz, se saldó con más de seis mil marinos muertos en aquel infierno de fuego y metralla.

Varios barcos históricos participan en el espectáculo. (Foto: Reuters)
Varios barcos históricos participan en el espectáculo. (Foto: Reuters)
Además, el enfrentamiento resultó nefasto para España, que había sido "dueña" de los mares durante más de tres siglos, pero se vio forzada a ceder la supremacía a Inglaterra.

España participa con el portaaviones 'Príncipe de Asturias' y la fragata 'Blas de Lezo'. El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada española, Sebastián Zaragoza Soto, estará presente en la revista naval junto con los jefes de Estado Mayor de numerosas marinas participantes.

Francia contribuye a la exhibición con cuatro barcos de guerra, entre ellos su buque insignia, el portaaviones nuclear 'Charles de Gaulle'.

Isabel II homenajea a Nelson

La Reina, a bordo del 'HMS Endurance', un bergantín rompehielos de la Royal Navy (Armada británica), durante tres horas pasó revista a una flota de 167 barcos procedentes de 36 países distintos, como Estados Unidos, India, Colombia, Japón, Corea del Sur, Turquía, Rusia, Pakistán, Brasil, Uruguay y Nigeria.

La revista naval, la mayor que se organiza tras el fin de la II Guerra Mundial, tenía por objeto demostrar la solidaridad entre los aliados actuales y rendir homenaje a todos aquellos que sacrificaron su vida en la mar.

La reina indicó en un mensaje escrito que la amplia presencia internacional fue un tributo al almirante Horacio Nelson y a la relación que existe entre los que dedican su vida al mar.

Antes, Isabel II inspeccionó una guardia de honor que rindió honores ante al 'HMS Victory', el navío de Nelson, toda una reliquia histórica fondeada en la base de la Royal Navy en Portsmouth.

A bordo de ese barco, convertido ahora en un museo flotante de espléndido velamen, Nelson cayó muerto a los 47 años por una bala de mosquetón después de arengar a sus hombres con la célebre frase "Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber".

La responsabilidad por contenidos en la Sociedad de la Información, ¿de los prestadores de servicios o de sus autores?

Si no se ejerce control sobre los contenidos alojados, se incurre en responsabilidad solidaria. Esta es la doctrina apuntada por quienes vienen sosteniendo que los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información "deben" ser responsables hasta de los contenidos que fluyen por sus servidores.

Pues bien, un procedimiento entablado por la SGAE y don Eduardo Bautista contra la Asociación de Internautas ha terminado en su primera instancia con nuestra condena a que paguemos 36.000 euros "por publicar" los contenidos de la Plataforma de coordinación de movilizaciones contra la SGAE que se encontraban alojados en el servidor de la Asociación, amén de publicar la sentencia y hacer desaparecer los contenidos considerados ilícitos.

La tesis sostenida por el Juzgado de Primera Instancia para fundamentar el fallo condenatorio por intromisión en el honor es que resulta "indiferente pues que la demandada tuviera el dominio de la página a la que pertenece la dirección de Internet www.putasgae.org o que se limitara a una labor de prestación de servicios. En cualquiera de los casos habría de responder de los contenidos antes dichos pues si se presta el servicio a la Plataforma es responsable también de los contenidos de esta pues por el simple hecho de ser el prestador del servicio que presta el dominio o subdominio, como bien subrayó el Ministerio Fiscal adquiriría responsabilidad sino por dolo si por negligencia al permitir utilizar en su dominio manifestaciones injuriosas pues si bien el representante legal de la Asociación ha declarado que el no ejerce control sobre los contenidos, lo cierto es que el que presta un servicio ha de controlar lo que se publica en sus páginas pues si presta su dominio para que se publiquen unos contenidos también puede y debe impedir que se publiquen si son ilícitos, al menos civilmente como ocurre en el presente caso."

Como era previsible con independencia del resultado que se produjese, este asunto pasará a una segunda instancia, ahora para que se apliquen las limitaciones en las responsabilidades previstas tanto en la legislación comunitaria como en la nacional que, al menos de momento y en contra de la tesis sustentada por el Juzgado de Primera Instancia, exoneran a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información por los contenidos y las conductas de terceros.

Para la Asociación de Internautas todo parece apuntar a que se quiere llegar al punto en que de nada sirvan los esfuerzos de los legisladores europeos y nacionales por delimitar las responsabilidades de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información, enfrentadas a las tesis mantenidas por las sociedades de gestión de los derechos de autor, como es la responsabilizar al prestador de servicios por los contenidos de terceros, como si de una publicación impresa se tratara.

Si triunfan las tesis que amparan la censura previa de los contenidos en evitación de problemas como ha tenido la Asociación de Internautas, los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información desaparecerán porque nadie alojará foros, news, blogs, páginas personales, etc., ni se prestará servicio alguno que no se pueda vigilar ni controlar previamente como parece pretenderse con la tesis sostenida por la sentencia.

La Asociación de Internautas hace un llamamiento a la Comunidad internauta en su conjunto para que se solidarice en la forma que considere más oportuna pero que no permita que se instale entre nosotros la censura previa ni el control previo de contenidos en La Red.

La 'BANDA' ANCHA sigue sin afinar

La guerra de tarifas de los proveedores de acceso a Internet con ADSL ha llegado a tal extremo, que la avalancha de ofertas por ofrecer la velocidad más alta al precio más competitivo está confundiendo al personal. Las agresivas promociones de conexiones en banda ancha de entre dos y cuatro megas son humo para gran parte de los ciudadanos. Asociaciones de consumidores y de internautas denuncian lo «engañosas» que resultan las ofertas.

Haga la prueba. Facilite su número de teléfono fijo a las compañías alternativas a Telefónica y compruebe si tiene cobertura a esas velocidades. Si no vive en zonas de alta densidad poblacional, y principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, seguro que esas ofertas no están disponibles para usted, de momento.

Actualmente, sólo Telefónica dispone de una red que cubre el 95% del país -el resto no tiene acceso por razones geográficas-.Como operador dominante, su oferta está limitada en velocidad -512 kilobites que el 26 de julio se doblarán hasta un mega- y en servicios para garantizar la supervivencia de sus rivales.Hasta hace un año, éstos han permanecido actuando como revendedores de la red de Telefónica, de tal manera que iban un paso por detrás de sus ofertas. Desde entonces, Wanadoo, Ya.com o Jazztel están apostando por otra modalidad de negocio que, aunque exige un mayor esfuerzo inversor, les permite competir en servicios, velocidad y precio. Esta modalidad se conoce en el sector como desagregación del bucle de abonado. El bucle es el último tramo de cable que une la centralita con el domicilio del usuario y que al desconectarse de la red de Telefónica, permite gestionar independientemente las líneas telefónicas de dicha central. «Lo malo es que esta desagregación se está realizando en lugares muy rentables como son las zonas céntricas de las grandes ciudades», dice Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), quien añade que «las empresas están dando una publicidad engañosa.Sabemos el precio, pero no lo que te van a dar».

Con la estrategia de desagregación es como los operadores alternativos están haciendo las mejores ofertas de acceso a Internet, a velocidades de entre dos y cuatro megas (ver gráfico). Pero si se analiza la cobertura de las agresivas promociones en las mil centrales más rentables -cubren el 78% de las 21,6 millones de líneas con cobertura ADSL, aunque no todas están disponibles para la competencia- el resultado es que a fecha de 10 de junio, en torno a 11 millones de líneas telefónicas tenían ya posibilidades de conexión de dos megas. Si este dato se extrapolara al total de la población, la conclusión es que la mitad de los españoles no se beneficiaría de ninguna de estas ofertas. El análisis por empresas concluye que los cuatro megas de Jazztel sólo estaban disponibles para el 11% de la población. En cambio, los dos megas de Wanado y Ya.com llegaban al 28% y 51%, respectivamente. Es decir, en dicha fecha, sólo Ya.com abarcaba la mitad de la población. «La inversión es de mayor a menor número de líneas por central hasta que cubramos casi todo el país. Está claro que habrá lugares donde no podremos llegar porque no es rentable», reconocen fuentes del sector.De momento, es en esas mil centrales donde principalmente las compañías están coubicando sus equipos -pueden estar instaladas en otras centralitas no analizadas-.

Lo cierto es que el despliegue no está siendo fácil. Las empresas se quejan de que Telefónica pone trabas que ralentizan la coubicación.Precisamente, estos días, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha sancionado a Telefónica por no cumplir con los plazos fijados en el proceso de desagregación en cinco solicitudes de Jazztel. El antiguo monopolio se defiende aduciendo que es imposible dar abasto cuando hay una avalancha de peticiones. Esto no es sino un botón de muestra de la carrera de las compañías por extender la banda ancha.

Los planes de negocio de Wanadoo preven una inversión en los próximos dos años de 300 millones de euros. Según la compañía, su actual cobertura cubre casi la mitad de las líneas de España.Hasta marzo, contaba con 485.000 clientes de acceso a banda ancha, de los que 63.000 estaban en bucle desagregado.

Ya.com, cuyo número de clientes ronda los 240.000, según cálculos de los analistas, desembolsará 400 millones hasta 2007 para llevar a cabo un despliegue que realiza de la mano de Albura, la filial de telecomunicaciones de REE cuya venta está negociando actualmente con Deutsche Telekom, propietaria de Ya.com.

Jazztel, quien acaba de ser demandada por Ya.com por incumplimiento de pacto de no competencia en el mercado residencial, cuenta ya con 52.000 clientes particulares en banda ancha. La operadora invertirá 200 millones hasta 2006, que le permitirán contar con acceso desagregado en unas 625 centrales, que le darán una cobertura del 75%. Según la compañía, este año el despliegue se hará sobre 48 provincias y 200 municipios. Para 2006, estudia distintas opciones para llegar a Canarias.

Según la AI, la desagregación representa ya el 6,6% de los cuatro millones de usuarios de banda ancha que había hasta mayo. Del total, dos millones son clientes de Telefónica. Los proveedores rivales suman 1,1 millones y el resto pertenecen a los operadores de cable.

El canon de la discordia

El canon aplicado a los CDs y DVDs vírgenes ha vuelto a salir a la palestra. Desde que hace un mes el Senado aprobara la supresión de este impuesto, muy a pesar de los pesares de la $$$$, que se dejó una buena pasta en anuncios a toda plana en periódicos de tirada nacional, han empezado a oírse voces en uno y otro sentido.

Asimelec se ha quejado de que el canon ahoga el margen de beneficio de los fabricantes. Según el estudio, el 40% del precio final de un CD virgen es canon, un porcentaje que se eleva al 60% en el caso de los DVD-R, lo que supone un sobrecoste que permite competir con ventaja a entidades que de manera fraudulenta venden estos soportes sin pagar el canon.

También hay globos sonda que terminan por asustarnos mucho: planea en el aire un posible canon sobre discos duros y sobre líneas ADSL, pero fue desmentido por la ministra de cultura, aquella que confundió el latinismo Dixit con el ratón enemigo del gato andaluz. Ante tal escenario, los artistas se han erigido en los nuevos sacerdotes y nos acusan de nuestro nefando pecado: copiar música.

Ellos, los tocados de la gloria, ultrajan a sus potenciales clientes y sueltan desatinos del siguiente calibre, que parece de pistola de feria: "La copia privada no es un derecho de los consumidores", ha dicho Pilar Bardem, presidenta de AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) y se ha quedado tan pancha.

España, LEJOS del ´top ten´ de la piratería

Sin embargo, Nacho Escolar ha puesto de manifiesto que no es verdad lo que se ha dicho a los periodistas , ya que si se consulta el informe íntegro (pdf) se comprueba que nuestro país está lejos de las primeras posiciones a nivel mundial en cuanto a tasa de piratería.

En el informe original de la IFPI se puede ver como España se encuentra alejado de los puestos de cabeza, con muchos países europeos por delante y sobre la posición 50 a nivel mundial.

En la presentación, se ha valorado "positivamente" el Plan Integral contra la Piratería presentado por el Gobierno el pasado 8 de abril.

Contra el Plan Antipiratería

Tanto los internautas como el sector tecnológico se han mostrado en contra de los planes antipiratería del Gobierno y la $$$$. Propuestas como la firma on line del ´Manifiesto por la liberalización de la Cultura´ o el sitio NoSoyPirata.com son algunas de las iniciativas en la Red que explican por qué el intercambio de archivos en la Red no puede calificarse de acto delictivo.

La oleada de protestas en Internet critica la "criminalización" que se está haciendo de la Red, concebida como la tecnología que permite un enriquecedor intercambio de cultura entre los individuos, una ideosincrasia que abandera Creative Commons.

Con la Red en contra, el presidente de la Federación Internacional de Productores Discográficos, advirtió que los esfuerzos de la industria en los próximos años se centrarán en combatir la piratería en Internet.

"La inmunidad del usuario en Internet es muy alta. Entiende que su actividad está libre de cualquier control, que no tiene ninguna responsabilidad y que, desde luego, no es un delito", afirmó en la presentación del informe el presidente de Promusicae.

Extraido del artículo de 20 Minutos "La piratería, “vista como algo normal” y no como un delito"

Clientes Caja Madrid sufren nuevo intento fraude por Internet

Los clientes de Caja Madrid han sufrido hoy un nuevo intento de fraude a través de Internet mediante un correo electrónico en el que se inserta una réplica de la página web de la entidad, y en el que se les anima a que rellenen sus claves de acceso a su cuenta.

Terra Actualidad - EFE .-Según explicaron hoy fuentes de la entidad financiera a EFE, esta nueva oleada de correos fraudulentos, mucho más perfeccionada que la anterior, persigue que los usuarios de la entidad financiera inserten sus datos en dicho correo para, de este modo, facilitar a los estafadores los datos de los clientes de Caja Madrid.

Caja Madrid, que ya ha denunciado estos hechos a la policía, recuerda que el único punto de acceso desde Internet a los servicios financieros de Caja Madrid es la página de la Oficina Internet accesible desde su portal corporativo y reconocible por el símbolo de seguridad (un candado) que aparece en la parte inferior derecha de la ventana de su navegador.

En el caso de que se introdujeran las claves que se solicitan en este correo electrónico, que en esta ocasión ha sido enviado principalmente a medios de comunicación, se estaría facilitando la información a los estafadores, en lugar de a la entidad financiera.

Los psicólogos niegan que la homosexualidad sea una enfermedad

Los psicólogos no han tardado en desmarcarse de las declaraciones realizadas en el Senado por el catedrático de Psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, Aquilino Polaino. La calificación de la homosexualidad como "una patología" o la afirmación de que las personas llegan a ser gays y lesbianas porque "tienen un padre violento y alcohólico… y una madre sobreprotectora y exigente" no son compartidas por la mayoría de profesionales y carecen, según los expertos, de base científica.

"La homosexualidad no es ningún trastorno mental y así lo afirma la comunidad científica internacional", explica a 'elmundo.es' Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. De hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) retiró en 1973 la homosexualidad de su manual de diagnóstico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerarla una enfermedad en 1990.

Chacón ha declarado que "desde el punto de vista médico no existe ninguna diferencia entre los homosexuales y los heterosexuales". Para este experto, los gays y lesbianas "pueden sufrir más problemas psicológicos si no aceptan su condición de homosexual, pero igual que le ocurre a cualquier otra persona que se rechaza a sí misma, como pasa con algunos pacientes obesos".

Respecto a las opiniones vertidas por el psiquiatra Aquilino Polaino, Fernando Chacón considera que "no hay ningún dato que corrobore sus palabras. Él cita su práctica clínica con 162 personas, pero no es una base suficiente para generalizar la situación".

Ante la polémica que ha suscitado la intervención del doctor Polaino, el Colegio Oficial de Psicólogos ha emitido un comunicado en el que aclara que este profesional no pertenece al organismo y que "hace más de tres décadas que la homosexualidad no está considerada un trastorno mental".

La adopción ideal

La adopción por parte de los homosexuales es uno de los temas que más debate ha provocado en la sociedad. Para el doctor Alfonso Delgado Rubio, catedrático de pediatría y puericultura de la Universidad del País Vasco y presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), lo más importante en esta cuestión es no perder de vista que "lo que hay que buscar es la felicidad y lo mejor para el niño adoptado y no para los adoptantes".

Este experto, que habla a título personal y no como representante de la AEP, ha indicado a 'elmundo.es' que "la situación ideal es que los niños los adopten parejas heterosexuales con más hijos, y que el pequeño tenga el referente de un padre y una madre".

Pero si bien éste es el perfil idóneo, no quiere decir que los niños adoptados por parejas de gays o lesbianas vayan a crecer en un ambiente inadecuado, matiza el doctor Delgado.

"Hasta el momento, los trabajos que se han hecho sobre niños criados con homosexuales no tienen el suficiente rigor científico como para sacar conclusiones claras, ya que se han realizado con pocos participantes y el seguimiento no ha sido muy largo", explica este profesional, que define la homosexualidad como "una opción sexual minoritaria".

Para este doctor, "si hiciéramos una encuesta entre los niños pendientes de adopción, lo más probable es que eligieran como familia a una pareja heterosexual, formada por un padre y una madre, porque es lo que tiene todo el mundo".

Sobre esta cuestión, Fernando Chacón añade que "no existen datos taxativos al respecto, pero todo apunta a que los niños que viven con homosexuales no tienen un desarrollo psicológico distinto al resto".

Reacciones a la propuesta del Gobierno

Desde que, en septiembre de 2004, el actual gobierno se mostrase favorable a que las personas homosexuales adopten niños, varias voces expertas han saltado a la palestra.

María del Mar González, directora del informe realizado en 2002 por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ya apuntó en 2004 a 'elmundo.es' que "no hay razones para pensar que la orientación sexual puede comprometer el desarrollo del niño".

Una postura que comparte José Luis Pedreira, presidente de la sección de psiquiatría infantil de la AEP: "¿Qué es más bonito que permitir que se pueda hacer de una forma normalizada y no marginal? Es mejor porque las situaciones marginales son peligrosas y la visibilidad permite aclarar las cosas".

Por el contrario, Mercedes Valcarce, profesora titular de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense de Madrid, no dudó en oponerse a la propuesta del Ejecutivo socialista de forma tajante.

"Los niños de este tipo de parejas no van a tener identidad sexual. Los demás la adquieren porque ven que dos personas, un hombre y una mujer, se han unido para completarse. En cambio, los adoptados por homosexuales tendrían una identidad sexual muy conflictiva".

Paulino Castells, doctor en medicina y psiquiatra experto en temas de familia, también se situaba en esta línea de opinión: "Yo lo que deseo para un niño es que tenga un padre y una madre. Para su identificación y la maduración de su personalidad necesita un modelo femenino y masculino, no un modelo de género sino también de sexo, diferenciado anatómica y psíquicamente".

Los palestinos consideran un fracaso la reunión con Ariel Sharon

El primer ministro palestino, Ahmed Qurea, ha afirmado que la reunión entre el presidente de su país, Mahmud Abbas, y el primer ministro israelí, Ariel Sharon, fue difícil y no cumplió las espectativas de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). "En todos los asuntos básicos en los que esperábamos respuestas positivas, no las hubo", dijo.

Tras la reunión, tensa y de más de dos horas de duración, que han mantenido ambos líderes en Jerusalén, Mahmud Abbas evitó comparecer ante los medios de comunicación como tenía previsto. Fue su primer ministro, Ahmed Qurea, quien calificó la reunión de "difícil" en una comparecencia en Ramala.

En la rueda de prensa se encontraban el ministro de Asuntos Civiles, Mohamed Dahlan, y el jefe del equipo de negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, que acudieron también a la residencia de Sharon situada en Jerusalén Oeste. El presidente palestino, Mahmud Abbas, no acudió.

"Fue una reunión muy difícil en la que Israel no presentó nada que se ajustara a nuestras expectativas o a las de las partes árabes e internacionales que ayudaron a su convocatoria. Las propuestas no fueron serias ni satisfactorias", dijo Qurea.

"Si consideramos esta reunión como inicial, la consideramos importante. Entretanto, continuaremos con nuestros contactos con las partes árabes, internacionales e israelíes para explorar las cuestiones con las que ya ha comenzado Abu Mazen", apuntó.

Según Qurea, la reunión, sin embargo, fue "profunda" y discutieron sobre restricciones que afectan la vida diaria de los palestinos. Así, las partes trataron el compromiso de ambos con el proceso de paz, la continuación de la tregua y varios asuntos relacionados con el Plan de Desconexión, como la construcción de un puerto en la franja de Gaza tras la retirada de Israel, el control los pasos fronterizos en ese territorio y del distrito cisjordano de Jenin, donde serán desmantelados cuatro asentamientos.

Transferir Belén y Kalkilia

Fuentes oficiales israelíes han afirmado que en el encuentro Sharon se comprometió a transferir las ciudades cisjordanas de Belén y Kalkilia a la ANP en dos semanas si mantiene el control de las facciones armadas.

Bajo esa condición, Sharon habló también de la posibilidad de liberar a más prisioneros palestinos y considerar el regreso de exiliados sin especificar ni número ni fecha.

Según las mismas fuentes, Abbas informó a Sharon que la ANP está organizando a 5.000 hombres para garantizar la calma durante la retirada de Israel de la franja de Gaza, prevista para mediados de agosto.

El Gobierno, 'convencido' de que la violencia callejera forma parte de la 'estrategia de terror' de ETA

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que el Gobierno está "convencido" de que la violencia callejera forma parte de "toda una estrategia de acompañamiento del terror de la actividad de una organización terrorista". López Aguilar se refirió de esta forma a la sentencia de la Audiencia sobre Segi-Jarrai-Haika.

La sentencia ordena la disolución de las tres organizaciones al considerar sus actividades "ilícitas", pero no terroristas, ya que aunque sus actuaciones persiguieran los mismos fines que ETA, "nunca se enmarcaban en la utilización de armas".

En rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, López Aguilar ha apuntado que, aunque respeta los fallos de los tribunales, opina que "por formar parte de esa estrategia de terror", la violencia callejera debe ser perseguida penalmente "con el máximo rigor y el máximo celo".

De acuerdo con esta exigencia, López Aguilar apuntó que el ministerio fiscal ejerce acciones penales ante los tribunales en los casos vinculados al terrorismo y subrayó que las tesis de la fiscalía son también que la violencia callejera es parte de la actividad terrorista. Por eso, se ha decidido presentar recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Creadas por ETA

El fiscal del caso, Enrique Molina, ha presentado el anuncio de recurso contra la sentencia. Los argumentos, según fuentes jurídicas, se concretarán más adelante por la Fiscalía del Tribunal Supremo, encargado de resolver el recurso de casación. No obstante, se basará en que Jarrai, Haika y Segi fueron creadas por ETA y tienen sus mismos fines, por lo que deben ser consideradas parte del complejo ETA-KAS-EKIN.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado han explicado que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha hablado con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y le ha dado instrucciones para presentar el recurso, aunque el fiscal ya tenía intención de interponerlo.

Por su parte, el ministro de Defensa, José Bono, ha afirmado que "soporta" pero que no le gusta la decisión. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha afirmado que "hay sentencias que gustan más y otras sentencias que gustan menos", pero pidió respeto a la independencia judicial.

Según el presidente de la AVT, Felipe Alcaraz, que se ha reunido este martes con Zapatero en La Moncloa, el presidente del Gobierno le ha dicho que la sentencia de la Audiencia Nacional le parecía "increíble". Según Alcaraz, le ha preguntado si "increiblemente buena" o "increiblemente buena" y el presidente no le ha contestado.

Zaplana: 'Se ha bajado la guardia'

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha afirmado que la sentencia pone de manifiesto que "se ha bajado la guardia" en la lucha contra ETA. "No busco una relación de causa-efecto, pero cuando se crea un clima, trae estas consecuencias, y hemos creado un clima que nada favorece ese sentimiento que se había instalado en la sociedad española de persecución incesante, constante, contundente contra todo el mundo del terror. Se ha bajado la guardia", ha dicho en rueda de prensa.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) explicó que no encuentra "problema de ningún tipo" en la sentencia. Su portavoz, José Manuel Suárez, declaró que, desde el punto de vista jurídico, "una cosa es formar un grupo de apoyo ideológico y otra cosa el colaborar en secuestros y en ocultación de armas".

Argumentó que existe una diferencia "entre un hecho terrorista", consistente en la colocación de artefactos que provocan muertes o lesiones, y "pertenecer a un grupo que apoya a esa organización".

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) cree acertado que la Audiencia haya "delimitado" con exactitud qué es y qué no es terrorismo. El portavoz de la asociación, Edmundo Rodríguez, señaló que "una resolución como ésta recoge la posición de un amplio sector doctrinal de penalistas que consideran que hay que distinguir la asociación ilícita de la terrorista" y, aunque "está sujeta a críticas", es una sentencia basada estrictamente en "principios jurídicos", y, por lo tanto, "completamente respetable".

La CLI solicitará una reunión con el Gobierno, ante la falta de información acerca del nuevo DNI-e.

El conocimiento de tal hecho nos parece muy preocupante, entre otros motivos, porqué la AEPD forma parte del Comité de Coordinación y Comisión técnica del nuevo DNI electrónico, creado en el mes de Abril, y que está presidido por María Teresa Fernández de la Vega, siendo su vicepresidente el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. El Comité cuenta además, con distintos representantes de los ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria, Turismo y Comercio, Interior, Economía y Hacienda, Presidencia y Administraciones Públicas.

El plan que, según su anuncio de licitación aparecido en el BOE de fecha 18 de enero de 2005, tiene un coste aproximado de 100 millones de euros, prevé que el DNI electrónico conste de un soporte físico que será de policarbonato y de idénticas dimensiones que el documento actual. En el anverso del mismo, además, se insertará un chip con los datos del titular y con el que se posibilitará la firma digital. Por otra parte, en el anuncio del BOE se indica además que, todo el soporte técnico y de desarrollo del futuro DNI electrónico, será llevado a cabo por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.

La CLI solicitó en esa reunión con la AEPD, los informes técnicos y jurídicos que tendrían que conformar la base de trabajo, tanto del Comité de Coordinación, como de los Subcomités sectoriales que ya han sido creados, con el fin de conocer el tipo de datos de carácter personal que serán incluidos en el mismo así como de las funcionalidades previstas de uso del documento pero, al no obtener información alguna, ha decidido remitir sendas cartas de solicitud de reunión, a la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega en su calidad de Presidenta del citado Comité de Coordinación.

Igualmente, la CLI se dirigirá a los portavoces de los Grupos Parlamentarios para conocer qué tipo de control, dando por supuesto que existe, está llevando a cabo el Parlamento sobre la realización y trabajos que están ocupando a la Dirección General de la Policía en lo que respecta al DNI Electrónico.

La preocupación de la CLI ante la falta de obtención de dichos informes, pasa por la necesidad de verificar el tipo de datos que contendrá el futuro documento nacional de identidad de los ciudadanos españoles – certificado básico que reconoce la identidad de cada persona – y las garantías que asisten al mismo por parte de proveedores, instituciones y entidades relacionadas con el proyecto de desarrollo, ante la premura por el anuncio del gobierno de que el lanzamiento de este proyecto, en fase piloto, está previsto para principios de 2006.

La CLI considera igualmente grave que, a diferencia de otros países bien cercanos de la UE (Francia, por ejemplo), exista tal desinformación entre la sociedad civil. En consecuencia, la Comisión de Libertades e Informática expondrá una vez más, en la ronda de contactos anunciada, la necesidad de un debate social previo a la puesta en marcha del citado DNI-e.

El ADSL monopoliza las protestas en la oficina de quejas de telecomunicaciones

La oficina abrió el 25 de abril y en las dos primeras semanas atendió una media de 800 llamadas al día. Actualmente se ha estabilizado en la mitad; pero, aun así, es un alto número para lo que prevían sus responsables, que lo achacan a que Internet es "un sector conflictivo". La web de la oficina recibe 1.800 visitas diarias.

La oficina ha recibido en su primer mes 850 denuncias, que pueden hacerse por correo o por la web, mediante firma electrónica. Se comprometen a solucionarlas en un máximo de seis meses, algo que critican los internautas, junto al hecho de que el teléfono de la oficina no sea gratuito. "Con los medios de que disponemos no podemos hacer más", afirma Ramón Pérez.

El 46% de llamadas se refieren al acceso a Internet, principalmente por ADSL, al ser la tecnología más implantada, mientras que la telefonía recibe pocas quejas. Los procesos de altas, bajas y cambios de operadoras son los más conflictivos. También el precio de las llamadas a los servicios de atención al cliente, que según el nuevo Reglamento de Telecomunicaciones no pueden tener una tarificación adicional.

La organización de consumidores FACUA acaba de denunciar a ocho compañías (Arsys, Auna, Ono, Telefónica, Tele2, Terra, Wanadoo y Ya.com) por no disponer de teléfonos gratuitos de atención al cliente. La puesta en marcha de la oficina del Gobierno no ha reducido las quejas de telecomunicaciones en las asociaciones de consumidores, sólo superadas por el sector de la vivienda.

Según la Memoria 2004 de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, las telecomunicaciones encabezan las reclamaciones de los madrileños y son las que menos multas generan. En Cataluña, la Agencia Catalana de Consumo recibió 8.700 reclamaciones sobre telecomunicaciones en 2004, el 24% referidas a servicios Internet.

Los principales motivos de queja son la negativa a dar de baja al consumidor, el cobro de servicios no prestados, irregularidades en la conexión, publicidad engañosa y cláusulas abusivas en los contratos.

En la Asociación de Internautas (AI) reciben 60 quejas diarias, motivadas por la baja calidad del servicio, el elevado precio, las trabas para dar de baja a los usuarios, cobros indebidos... Ramón Pérez califica al sector de "descontrolado" y afirma que "el Ministerio está muy comprometido en solucionarlo".

Montilla asegura que el ADSL seguirá bajando sus precios y aumentando su velocidad

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montilla aseguró que la reducción de los precios del ADSL "preocupa al Gobierno", pero recordó que el Ejecutivo no tiene competencias en esta materia, sino que es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) la que establece ciertas condiciones al operador dominante (Telefónica).

El ministro recordó que en los últimos meses ya se han registrado "reducciones significativas de precios y aumentos sustanciales de velocidad" en el ADSL, y confió en que el mantenimiento de esta tendencia permitirá a España acercarse a la media de la Unión Europea.

El aumento de la competencia entre las compañías de servicios de Internet durante los últimos meses ha hecho que la mayor parte de los operadores ofrezca ya, por unos 30 euros al mes, productos que combinan llamadas gratuitas a teléfonos fijos con conexión a Internet de banda ancha, normalmente a una velocidad de entre 1 y 2 Mbps.

Pese a ello, la Asociación de Internautas insiste en que España todavía es uno de los países europeos con los precios de ADSL más altos, especialmente si se compara con países punteros en este mercado, como Francia, donde los usuarios ya disponen de conexiones de un mayor ancho de banda por unos 20 euros al mes.

Según datos de Telefónica, España superó 3,16 millones de líneas ADSL al cierre de mayo, tras contabilizar en ese mes cerca de 100.000 nuevas conexiones a Internet con esta tecnología.

Telefónica de España es el principal operador del mercado del ADSL, con una cuota del 55,5% en el mercado minorista y del 75% en el mayorista.

La doctrina Bardem acaba con el canon digital: la copia privada no es un derecho

Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Esa parecía ser la postura que afrontaban algunos de los Grupos parlamentarios presentes en el Congreso ante el inicio de la tramitación de la Proposición de Ley para la supresión del canon por copia privada en los soportes digitales aprobada por el Senado el día 18 de mayo pasado. Y digo bien: parecía, porque tras las últimas comparecencias públicas de las preclaras mentes de la gestión colectiva de los derechos de autor mucho han cambiado las cosas.

La última asonada en contra del canon digital fue presentada en sociedad por Pilar Bardem, actriz y presidenta de Aisge (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión, célebre por su denuncia contra otra entidad denominada Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión, Aie), debidamente escoltada por la plana mayor de la gestión colectiva de los derechos de autor en este país: "La copia privada no es un derecho de los consumidores" sino "una limitación de los derechos de los creadores". Y conste que no pienso hacer referencia a la ligazón de este personaje con Izquierda Unida, grupo político que me consta sí es firme defensor de los derechos de los consumidores hasta el punto de que en su último programa electoral incluía (pretérito imperfecto del verbo incluir) un punto para la supresión del canon por copia privada en los soportes digitales grabables.

Esa asonada fue bien aderezada con la especie de que, en realidad, los únicos que se oponen al canon digital son "algunos colectivos de internautas" y el "Grupo parlamentario popular del Senado". Efectivamente, que el Senado apruebe y remita al Congreso una proposición de ley para suprimir el canon digital, no puede ser el resultado de una votación democrática en un órgano parlamentario elegido por sufragio universal libre, directo y secreto, sino que debe ser una conspiración más de algún grupo faccioso, popular seguramente. Que las entidades más representativas de fabricantes de soportes digitales, importadores, operadoras telefónicas, sindicatos, consumidores, internautas, informáticos, desarrolladores de software libre..., firmen una declaración conjunta en contra del canon digital, no puede ser sino otra conspiración y oscuro manejo de algunos colectivos de internautas, radicales y anti-sistema que, con toda seguridad, no acatan los resultados de las elecciones del 14-M.

Tan preclaros y definitivos argumentos en contra del canon por copia privada en los soportes digitales que se empeñan en difundir los autores de la doctrina Bardem-Entidades de gestión colectiva han tenido que ser enmendados por la inefable ministra de Cultura y Educación que debió terciar antes de que se terminaran de caer los palos del sombrajo del canon digital: la copia privada sí es un derecho de los consumidores (Calvo dixit). Pero surgen las dudas. ¿La ministra lo dice porque es una voz autorizada en la materia? ¿Se lo ha aclarado a los autores de la doctrina Bardem? ¿Lo tienen ya claro o siguen con dudas? Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas. Si los gestores colectivos de los derechos de autor dicen que la copia privada no es un derecho de los consumidores, algo habrá, algo habrá... ¿Alguien apoya a la ministra de Cultura desde la gestión colectiva de derechos de autor? Y -da vértigo formular la pregunta- si la copia privada no es un derecho de los consumidores, ¿qué compensan a los autores con el canon generalizado en los soportes digitales? ¿Hay alguien ahí...?

Acuerdo Cultura-Industria, que no es gerundio

De paso, la referida ministra, aprovechó la coyuntura para anunciar el acuerdo Ministerio de Industria-Ministerio de Cultura acerca del canon por copia privada: los discos duros y el Adsl no tendrán canon. ¿Y los dvd's regrabadores domésticos que llevan disco duro? ¿Y las conexiones por cable? ¿Y el acceso por la red telefónica básica? ¿Y las conexiones vía satélite e inalámbricas? ¿Y los llaveros usb con auriculares? ¿Y esta hoja de papel? ¿Y un mms reenviando algún politono? ¿Y mi vecina que está todo el día reproduciendo públicamente obras sujetas a derechos de autor? ¿Y mi neurona que está dale que te pego con los éxitos del verano?

Y los consumidores, ¿qué dicen sobre todo esto? En realidad, la pregunta es puramente retórica y por ir completando las líneas que todo artículo periodístico debe de tener. De sobra es conocida la postura unánime no sólo de los consumidores, sino incluso de la propia industria de los fabricantes e importadores de soportes digitales, desarrolladores de software, técnicos y profesionales de la informática, sindicato mayoritario, impulsores del software libre... Lo que nadie ha remarcado, salvo los propios protagonistas que se sienten ninguneados y sometidos al dictado de los poderosos, es el desprecio olímpico que están mostrando ministerios y entidades colectivas de gestión de derechos de autor hacia los que finalmente pagamos el canon por nada y somos insultados y perseguidos a sangre y fuego para que lo sigamos pagando por nada (doctrina Bardem-Entidades de gestión colectiva).

Alguien ya escribió que el único fundamento legal del canon es, precisamente, la copia privada. Sin copia privada, sobra cualquier canon. Y resulta que las preclaras mentes que regentan las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor no cesan de anunciar: la copia privada no es un derecho, la copia privada no es un derecho, la copia privada no es un derecho..., algo que parecen apoyar en alguna Directiva europea.

Entonces, ¿qué demonios es el canon? ¿Un impuesto proculturae? ¿Millonarias y encubiertas subvenciones a los autores, guionistas e intérpretes y sus gestoras colectivas? Dígase. Explíquesenos. Mientras tanto, seguiremos pensando con toda razón que llevamos tres años pagando canon por nada o por intentar ejercer un derecho que no es tal derecho (doctrina Bardem-Entidades de gestión colectiva) y, además, con resultados muy deficientes cuando no imposibles (copia privada de dvd's fonográficos y cd's con sistemas anticopia), seguiremos pensando también que ese canon por nada está a punto de acabar con la industria de fabricantes, importadores y distribuidores de equipos y soportes digitales por su enorme carestía y la competencia exterior exenta de canon, que las entidades colectivas de gestión pretenden imponer un canon a todo desarrollo y todo contenido de la Sociedad de la Información y del Conocimiento que no pase por su caja previamente...

Ah, y todo ello con la complicidad y el buen talante del Gobierno que se reúne consigo mismo e incluso, pásmese, llega a acuerdos consigo mismo (Calvo-Montilla, verbigratia).

El Gobierno y el Cermi crean un grupo de trabajo sobre la atención a la dependencia

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, se ha reunido con la Comisión Ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar asuntos relacionados con la futura Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes.

En el encuentro, Gobierno y Cermi han acordado la creación de un grupo de trabajo que tratará las líneas generales del futuro sistema, una vez alcanzado un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social. La reunión celebrada se enmarca en el proceso de diálogo con el movimiento asociativo que inició el Gobierno tras la publicación del Libro Blanco de la Dependencia para crear el Sistema de Atención a las Personas Dependientes en España.

El objetivo del Ejecutivo es facilitar a estas personas una serie de prestaciones de las que en la actualidad disfrutan un porcentaje muy bajo de ellas y que asumen, en la mayoría de los casos, las mujeres. Con el propósito del Gobierno se pretende acercar a España a los niveles de protección social de los países europeos.

Los expertos plantean suprimir las barreras jurídicas a las que se enfrentan las personas con discapacidad

Los expertos en leyes proponen la eliminación de las barreras jurídicas existentes para las personas con discapacidad. Así aparece recogido en el libro “Revisión de los procedimientos relativos a la incapacidad” que además ofrece un examen riguroso y técnico del procedimiento de incapacitación que se aplica actualmente en España a los discapacitados.
El procedimiento de incapacitación debe buscar completar la capacidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad a través de distintos mecanismos que, en la legislación actual, no se contemplan de forma unificada, según se recoge en dicha obra. El libro, presentado por la Fundación Aequitas y la Obra Social Caja Madrid, pretende fomentar un cambio legislativo en el procedimiento judicial relativo a las personas con discapacidad.

Según los expertos, el proceso de incapacitación en España es complicado y generalmente largo, situación ante la cual proponen la creación de un archivo unificado de situaciones de discapacidad, lo que contribuirá a aumentar la seguridad jurídica en las actuaciones notariales. Asimismo, el libro recoge la necesidad de impulsar la figura del tutor provisional, que ya se admite en determinados juzgados y que supone cierta discriminación al no admitirse en otro.

También es conveniente concentrar todas las actuaciones relativas al incapaz en un mismo juzgado. El juez debe contar con un equipo multidisciplinar para determinar los distintos supuestos de incapacitación. La última de las conclusiones que recoge el libro es llamativa porque se refiere a la necesidad de encontrar una terminología adecuada que supere el término “incapacitado” y se centre en lo positivo, entendiendo que discapacitado no es incapaz, sino con una capacidad diferente.

El nuevo Estatuto de Autonomía Valenciano incorpora un artículo especifico sobre discapacidad

La Comunidad Valenciana incorpora en su proposición de Ley para la Reforma de su Estatuto de Autonomía un artículo específico relacionado con las personas con discapacidad que persigue garantizar el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración y su participación social.
Esta proposición de ley incluye, además, el compromiso de procurar al colectivo su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante medidas de acción positiva, garantizando el acceso a los servicios públicos. De igual forma, se contempla la posibilidad de recibir ayudas de la Generalitat para familias en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad.

El Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV) ha colaborado en la proposición de ley con sus aportaciones al texto para garantizar la adecuada defensa de los derechos de las personas con alguna minusvalía.

Reclaman unidades especializadas para atender a niños con deformidades graves en miembros inferiores

Algunos especialistas en tratamiento y cirugía ortopédica han mostrado su interés en apoyar la iniciativa de crear unidades hospitalarias para deformidades graves en miembros inferiores para pacientes de corta edad. Así lo ha expresado el jefe de Cirugía Ortopédica del Hospital Niño Jesús de Madrid, Tomás Epeldegui, quien ha señalado que esta fórmula permitiría homogeneizar los tratamientos y ofrecer asistencia a los pacientes en lugares más especializados y preparados.
El doctor Epeldegui ha subrayado, en una rueda de prensa con motivo de la celebración en Madrid del Simposio Internacional sobre Deformidades Severas de Miembro Inferior en Niños, organizado por la Fundación Ramón Areces, la necesidad de lograr que estos niños puedan integrarse plenamente en la sociedad, para lo cual es fundamental que la asistencia médica recibida no incida negativamente en su escolarización.

Asimismo, ha alertado sobre los inconvenientes de las hospitalizaciones largas, ya que los retrasos en los plazos para realizar las cirugías y todo lo que saque a los menores de su entorno familiar y escolar “altera sus condiciones educativas”. “Tener un hijo con una malformación tan grave es algo dramático, por lo que es necesario una muy buena información, apoyo de especialistas y apoyo psicológico”, asegura Epeldegui.

Lo compran a 21 euros y nos lo venden a 39

Cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) dio el visto bueno a Telefónica para duplicar la velocidad de su producto estrella, pasando de 512 Kbs a 1 Mega, también bajó los precios en el mercado mayorista.

La Asociación de Internautas (AI) denuncia que los proveedores de acceso que compiten con Telefónica revendiendo su ADSL le compran el Mega a 21,09 euros y lo venden a sus clientes a 39,07, casi el doble. "La AI no tiene en cuenta los costes: infraestructuras, conexión a los PAI’s, transporte de los datos, salida a Internet, hardware, mantenimiento, atención técnica y de posventa...", dicen en Ya.com. El mercado español de ADSL tiene una particularidad.

Dada su posición dominante, cualquier rebaja que Telefónica haga a sus clientes, está obligada a trasladarla a sus competidores. Para Víctor Domingo, de la AI, "este modelo debe caer. Es la única forma de incentivar la inversión". Según la AI, los márgenes de los operadores son tan altos que no necesitan invertir en redes propias. Desde Wanadoo lo rechazan. "De hecho, el movimiento de duplicación de Telefónica responde al dinamismo competitivo propiciado por el despliegue de red propia", aseguran. Para la AI, la CMT debe liberalizar los precios del ADSL, manteniendo sólo un precio máximo. Añadiendo leña al fuego, la AI sacó el lunes un informe sobre la velocidad real .

Ningún proveedor da lo que promete. Telefónica es la que más se acerca. Los peores, los operadores de cable.

El canon sin derecho

Las entidades de gestión colectiva de derechos de autor, ante el inicio de la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de modificación del apartado 3 del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, pretenden simplificar la oposición a la extensión generalizada del canon por copia privada a simplemente algunos colectivos de internautas y al Grupo popular del Senado. No hay peor ciego que quien no quiere ver.

Basta recordar que no es únicamente el Senado español quien no se muestra ya conforme con el actual estado de cosas acerca de la copia privada y la generalización del canon, porque resulta que incluso quienes en el año 2003 firmaron un acuerdo con las sociedades de gestión colectiva ya no se muestran conformes con tal estado de cosas. No es casualidad, por tanto, que las entidades más representativas de profesionales, trabajadores, empresarios, consumidores, etcétera, firmaran una declaración conjunta con tres conclusiones:

- El rechazo a cualquier sistema de "canon digital" para soportes, equipos, redes y servicios de telecomunicaciones.

- La exigencia del uso único y masivo de TPMs y DRMs para la protección de los derechos de autor, bajo el principio de libertad tecnológica.

- La participación de todos los sectores afectados en la búsqueda de soluciones adecuadas y sostenibles en el nuevo entorno digital, que permitan el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, la mejora de la competitividad y productividad de sus empresas y la libertad de acceso de sus ciudadanos a los contenidos.

anmagofa & co

Si no te quieren como tú quieres que te quieran, ¿qué importa que te quieran?.

anmagofa