LAS AUTORIDADES FRANCESAS IMPIDIERON QUE EL GOBIERNO SOCIALISTA PARALIZASE LA OPERACIÓN CONTRA EL APARATO DE EXTORSIÓN DE ETA
Por supuesto que los empresarios navarros que denunciaron que seguían siendo objeto de la extorsión, a pesar de la tregua de ETA, no mentían. Aquí los únicos que mienten son los dirigentes del PSOE, que pretenden engañar a la opinión pública para camuflar su total entreguismo a la banda terrorista detrás de la sucia paz que desean vendernos 
La detención de los 12 etarras que seguían extorsionando a los empresarios para recaudar el impuesto revolucionario, pone de manifiesto que Zapatero mintió una vez más los españoles cuando dio luz verde a la reunión con ETA, puesto que difícilmente podía verificar el cese de las actividades delictivas de la banda terrorista, cuando sabía que esta continuaba con su habitual campaña de coacciones contra los empresarios, dado que existía una operación policial abierta que el presidente del gobierno no podía ignorar.
El aparato desarticulado operaba en Francia y España desde hace 20 años, y su cometido era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario" exigido a empresarios e industriales españoles, fundamentalmente en el País Vasco y Navarra. La operación ha sido dirigida por los jueces Grande-Marlaska y Levert y tiene su origen en un sumario de 1998. En efecto, la operación está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Estas investigaciones tiene su origen en el sumario abierto en 1998 en la Audiencia Nacional.
La implicación de las autoridades francesas en la investigación, según fuentes policiales consultadas por MD, ha impedido que el gobierno socialista paralizase la operación en espera de los resultados del proceso de negociación. Recordemos que no hace muchos días El Confidencial Digital informaba de que una filtración desde España había impedido que la juez francesa Levert detuviese a la cúpula de ETA. En este sentido Fernando Moraleda dijo que la operación contra el aparato de extorsión de ETA demuestra que "los jueces funcionan y la policía funciona", y en respuesta a las acusaciones que apuntan a concesiones del Gobierno español en la lucha contra ETA, añadió que "la realidad derrumba las críticas al Gobierno".
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos en esta red organizada de extorsión habrían realizado las siguientes funciones: En Francia, donde se encuentra la dirección de la red, se ocupaban de coordinar y canalizar las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario" e intermedias con los empresarios españoles, operando en el sur de Francia y también en España. Estas funciones las realizaban Cau Aldanur, Larrañaga Arando, Uriarte Díaz de Guereñu, Sagarzazu Olazaguirre, y Badiola Zabaleta, bajo la dirección de Iturbe Abásolo.
En España realizaban labores de intermediación de la red de extorsión, que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces". Estas actuaciones las desarrollaban Elosúa Urbieta, Lúquin Vergara y Harocarene Camio .
Asimismo, invertían los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad criminal de los intermediarios y hacer desaparecer ese capital obtenido de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales.
En la operación, que aún continúa abierta, se están practicando en España 14 registros en la provincia de Guipúzcoa y 2 en la de Alicante. Igualmente, se procede al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado en la actualidad superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería, regentado por Elosúa Urbieta cuya clausura ha ordenado el juez así como otros inmuebles presuntamente adquiridos en su día con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones.
Por otra parte, se han bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas, cuya naturaleza está siendo investigada. Además, en Francia, se llevan a cabo seis registros domiciliarios.
La detención de los 12 etarras que seguían extorsionando a los empresarios para recaudar el impuesto revolucionario, pone de manifiesto que Zapatero mintió una vez más los españoles cuando dio luz verde a la reunión con ETA, puesto que difícilmente podía verificar el cese de las actividades delictivas de la banda terrorista, cuando sabía que esta continuaba con su habitual campaña de coacciones contra los empresarios, dado que existía una operación policial abierta que el presidente del gobierno no podía ignorar.
El aparato desarticulado operaba en Francia y España desde hace 20 años, y su cometido era la gestión y recaudación del conocido como "impuesto revolucionario" exigido a empresarios e industriales españoles, fundamentalmente en el País Vasco y Navarra. La operación ha sido dirigida por los jueces Grande-Marlaska y Levert y tiene su origen en un sumario de 1998. En efecto, la operación está directamente relacionada con las investigaciones que durante los dos últimos años se han desarrollado en España y Francia por un Equipo Conjunto de Investigación creado en torno a las actividades criminales desarrolladas por ETA. Estas investigaciones tiene su origen en el sumario abierto en 1998 en la Audiencia Nacional.
La implicación de las autoridades francesas en la investigación, según fuentes policiales consultadas por MD, ha impedido que el gobierno socialista paralizase la operación en espera de los resultados del proceso de negociación. Recordemos que no hace muchos días El Confidencial Digital informaba de que una filtración desde España había impedido que la juez francesa Levert detuviese a la cúpula de ETA. En este sentido Fernando Moraleda dijo que la operación contra el aparato de extorsión de ETA demuestra que "los jueces funcionan y la policía funciona", y en respuesta a las acusaciones que apuntan a concesiones del Gobierno español en la lucha contra ETA, añadió que "la realidad derrumba las críticas al Gobierno".
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos en esta red organizada de extorsión habrían realizado las siguientes funciones: En Francia, donde se encuentra la dirección de la red, se ocupaban de coordinar y canalizar las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario" e intermedias con los empresarios españoles, operando en el sur de Francia y también en España. Estas funciones las realizaban Cau Aldanur, Larrañaga Arando, Uriarte Díaz de Guereñu, Sagarzazu Olazaguirre, y Badiola Zabaleta, bajo la dirección de Iturbe Abásolo.
En España realizaban labores de intermediación de la red de extorsión, que consistían en establecer contacto con los extorsionados, activar el proceso de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar los recibos, distribuir y poner en circulación las cartas de extorsión y, en algunos casos, recibir el dinero, actuando también como "enlaces". Estas actuaciones las desarrollaban Elosúa Urbieta, Lúquin Vergara y Harocarene Camio .
Asimismo, invertían los beneficios obtenidos como consecuencia de la actividad criminal de los intermediarios y hacer desaparecer ese capital obtenido de manera ilícita y clandestina de los circuitos financieros regulares fiscalizables en España, trasladándolos a paraísos fiscales.
En la operación, que aún continúa abierta, se están practicando en España 14 registros en la provincia de Guipúzcoa y 2 en la de Alicante. Igualmente, se procede al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado en la actualidad superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería, regentado por Elosúa Urbieta cuya clausura ha ordenado el juez así como otros inmuebles presuntamente adquiridos en su día con los beneficios obtenidos del pago de las extorsiones.
Por otra parte, se han bloqueado los saldos de más de medio centenar de cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas, cuya naturaleza está siendo investigada. Además, en Francia, se llevan a cabo seis registros domiciliarios.
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